Hasta dos años de demora...
Como en tantos otros ámbitos, las prioridades presupuestarias del Gobierno no pasan por la protección de los despedidos con la crisis. La Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) ha denunciado que el FOGASA, que asume las indemnizaciones de empresas quebradas, viene retrasando el pago de las prestaciones "hasta dos años" a quienes han perdido sus puestos de trabajo. Así, ponen "en situaciones límite" a las miles de personas que se han visto despojadas de sus puestos de trabajo en los 24 últimos meses.
... cuando más se necesita el dinero
El sindicato recuerda que el fondo se nutre con el dinero que han venido cotizando esos trabajadores durante su vida laboral y que ven así "que no los pueden recuperar cuando más lo necesitan". MCA-UGT advierte de que esta situación se agrava en el caso de los trabajadores de los sectores de metal, construcción e industrias afines "por ser de los más afectados por la crisis ya que han sufrido despidos masivos y cierres de numerosas empresas, además de rebajas y devaluaciones en sus condiciones laborales". De ahí que exijan reforzar la plantilla del FOGASA y lamenten "la estrategia de externalizar una parte de la gestión del organismo público por haberse demostrado ineficaz".
Un retraso que amenaza con acumularse
Las cifras que aporta MCA-UGT son contundentes: en 2013 los 843 millones de euros destinados por los Presupuestos Generales del Estado fueron insuficientes para cubrir la demanda de indemnizaciones hasta verse obligados a recurrir a créditos adicionales. En 2014 se destinan 1.348 millones de euros, incluida en esta partida las obligaciones del ejercicio anterior que quedaron sin cubrir, por lo que advierten de que "va a ser imposible abonar todas las cantidades solicitadas" y que ya van con retraso.
De nuevo la sombra de la externalización
Al problema presupuestario se une el estructural de la falta de medios, porque "apenas son 300 funcionarios" los que tienen que afrontar el notable incremento de solicitudes generado desde que se inició la crisis, incremento que cifran en hasta un 200%. "Se da la circunstancia de que el Gobierno ha privatizado parte de la gestión con un criterio aleatorio para decidir qué expedientes son los que van asumir y los que no, lo que por supuesto saldrá más caro al contribuyente, cuando lo lógico hubiera sido trasladar personal de las administraciones públicas en lugar de externalizar la gestión", insisten desde UGT.
Desigualdades regionales
Los problemas no afectan por igual a todas las comunidades, ya que el sindicato advierte de que en Madrid, País Valenciano, Cataluña y Andalucía "el tiempo de espera se triplica con respecto a La Rioja, Castilla-La Mancha o Euskadi". Ante esta dramática situación de miles de trabajadores que se ven sin despedidos, sin ingresos y demoradas las indemnizacines a las que tienen derecho, MCA.UGT insta al Ministerio de Empleo a reforzar el FOGASA y adecuar la red existente para paliar las diferencias entre provincias y optimizar los recursos en todas ellas.
