En un auto publicado hoy, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 justifica la imposición de esta medida cautelar porque hay indicios de "criminalidad suficiente" en la actuación de los cuatro exdirectivos, ya que acordaron mejorar sus contratos "en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad", fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Estas actuaciones, que supuestamente realizaron en colaboración con el ex copresidente de NCG, Julio Fernández Gayoso, son constitutivas de un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida.
Los acusados dispusieron fraudulentamente de los bienes de la entidad
El juez Ismael Moreno fija la mayor fianza, de 7,02 millones de euros, al exdirectivo procedente de Caixa Galicia Javier García de Paredes, mientras que el exdirector general de Caixanova, José Luis Pego, deberá abonar 1,92 millones de euros. Por su parte, los ex directivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada deberán aportar una fianza de 1,21 millones y 347.920,92 euros. Todos ellos lograron, según el juez, elevadas sumas de dinero con ocasión del cese de sus actividades en la entidad gracias a las mejoras de los contratos y la interpretación de las causas incluidas en los mismos, que los imputados "efectuaron en su propio interés" con "abuso de las funciones de su cargo" y "pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad". De esta forma, dispusieron "fraudulentamente" de los bienes de la entidad, añade el juez, en consonancia con los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción.
La fianza se establece ante el temor de que los exdirectivos se declaren en insolvencia
El juez Ismael Moreno ha aceptado la medida cautelar porque es "plenamente razonable apreciar un riesgo de que los querellados se coloquen en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo". Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, los cuatro acusados modificaron sus contratos entre octubre y diciembre de 2010, gracias a los cuales cobraron 18,9 millones de euros por su salida del grupo, de los que deberían devolver 7,87 millones de euros percibidos presuntamente de forma indebida, a los que hay que sumar todavía cantidades que falta precisar. Anticorrupción afirma que los contratos suscritos por los altos directivos de NGB a finales de 2010 mejoraban sustancialmente las pensiones a las que tenían derecho y no fueron autorizados por el consejo de administración de la entidad, que fue finalmente intervenida en septiembre de 2011.
