Barreiro alega en el auto que la orden de Baltasar Garzón para que fueran grabadas las conversaciones, en prisión, entre los principales imputados del caso Gürtel y sus abogados constituye un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.

"Conversaciones confidenciales"
"El magistrado decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y "le resultó indiferente que el contenido de las conversaciones (...) no tuviera otro contenido que aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", señala, según Efe.

La presunta actitud delictiva de los abogados
A Garzón se le sentará en el banquillo por haber ordenado la grabación de las conversaciones del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, con sus abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal. Sin embargo, en marzo pasado, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que los letrados podrían haber cometido una actitud delictiva porque, más allá de hablar sobre asuntos relacionados con su defensa, intentaban ayudar a Correa a esconder sus ingresos ilícitos.

Un estrecho colaborador de Correa
Los magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM volvieron en marzo a imputar a Delgado Solís en el caso Gürtel y fundamentaron su decisión en la relación existente entre Correa y el abogado. Este letrado fue quien viajó junto al número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, a países como Panamá o Argentina para conseguir una residencia para Correa que le permitiera evadir a Hacienda. También fue el encargado de cambiar el domicilio de algunas de sus empresas después de que la Policía registrase el despacho donde estaban localizadas antes.

Tanto Manuel Delgado Solís como José Antonio López Rubal intentaron cobrar por sus servicios de defensa sin importarle que los bienes de Correa estuvieran congelados.