La Generalitat ha justificado su decisión basándose en la falacia del falso dilema: o hacían un ERE o echaban el cierre; optaron por la mejor opción y como no les deja la Justicia, "sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público".
"Administración más ligera"
El Gobierno de Fabra asegura que su principal objetivo "era lograr una administración más ligera y sostenible". Podían haber eliminado algunos de los asesores del presidente, o sus cocineros personales, pero echaron mano de RTVV porque "la deuda acumulada superaba los 1.000 millones de euros".
Dos caminos
"Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento", asegura el comunicado de la Generalitat, que asegura que sólo había "dos caminos: el cierre de la empresa pública o el redimensionamiento de la misma".
La voluntad de la Generalitat
Según la Generalitat, su voluntad "ha sido desde el primer momento la de mantener abierta RTVV, en tanto que ofrece un servicio público. Por ello, se optó por la segunda opción y, en aras de la independencia que debe regir todo proceso de estas características, se encargó a una empresa externa el proceso de ejecución del ERE".
"Un coste que no podemos asumir"
Tras la decisión de la Justicia, "sólo queda la otra vía que es, lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico. La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues sólo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".
Celeridad
Además, la Generalitat Valenciana saca pecho de su "celeridad" anunciando el cierre "para no prolongar de manera innecesaria la intranquilidad que supondría para los trabajadores de RTVV".
Objetivo prioritario
El comunicado cierra con una frase que llama la atención dada la actual situación de la Comunidad Valenciana: "La Generalitat tiene la obligación de priorizar los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, universales y gratuitos y ése es el objetivo prioritario de todas las actuaciones que emprende el Consell".
