El caso de Dani Alves agita el tablero jurídico, social y político. Desde que el exjugador del F.C. Barcelona fuera absuelto después de ser condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual, son muchas las voces que se pronuncian a favor y, sobre todo, en contra de la última sentencia, también desde dentro de la jurisprudencia.
La resolución última, y que por el momento prevalece -tanto la acusación particular de la víctima como el Ministerio Fiscal pueden recurrir- alega que la declaración de la testigo que denunció al brasileño “ha resultado no fiable en la parte del relato que se puede contrastar” y apela a una “falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante”.
El caso del que fuera jugador del club blaugrana ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones clave en cualquier relación como es el consentimiento, base de la conocida como Ley del Solo sí es sí; las variables en el testimonio de una persona que ha pasado por una agresión sexual o una violación; la presunción de inocencia o la falta de estudios de género y, por encima, en violencia sexual por parte de la judicatura.
"Socialmente es incomprensible"
Varias expertas en la materia, no solo jurídica, sino también provenientes del mundo de la psicología, evidencian en declaraciones a ElPlural.com, por ejemplo, que las contradicciones en este tipo de situaciones son un habitual por el que pasan la mayoría de las víctimas. “Obedecen a factores como el miedo o la presión”, dejan claro, evidenciando que, para declinar la balanza de uno u otro lado, y precisamente primando la presunción de inocencia, existen elementos en las denuncias que se dan en el ámbito privado, como una prueba periférica.
Entre las voces que se muestran críticas con la sentencia se encuentra la de Vicky Rosell, ex delegada del Gobierno en contra la Violencia de Género. Además de hacer una valoración en redes sociales y medios de comunicación, la magistrada ofrece a este periódico los pormenores de un escenario que ha vuelto a poner al país patas arriba y que supone un jarro de agua para el movimiento feminista y las mujeres que se disponen a denunciar.
Rosell es consciente de ello, pero pide no dar pasos atrás, que la vergüenza y el miedo no pueda con ellas: “Sé que es una situación difícil, el feminismo tiene muchas razones para protestar, pero quiero que las víctimas tengan claro que todos los días se dictan sentencias condenatorias de agresiones sexuales en las que, gracias a la ley y las propias sentencias, vamos avanzando”.
En lo que respecta a las sentencias -en plural porque el caso se ha saldado con la particularidad de que con pruebas sino iguales muy similares, cada órgano jurídico ha delimitado un resultado- la que fuera diputada comprende la dificultad de la opinión pública para comprender que esto pueda ocurrir. “Entiendo que socialmente es bastante incomprensible”, analiza.
Este pronunciamiento se refiere al dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el que absuelve a Alves y que se contrapone a su compañera, de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sobre ello, en definitiva, Rosell recuerda que el anterior texto “fue igualmente unánime” y resultado del estudio de magistrados y magistradas con “la misma solidez jurídica e igual formación”. Con todo y “todo el respeto” a cada uno de los profesionales, destaca que “se está utilizando un argumento de autoridad que no está basado en nada”.
El caso no está todavía cerrado, ya que pueden presentar alegaciones tanto la acusación particular como el Ministerio Fiscal. “Es difícil revocar una sentencia absolutoria en el sistema español, pero no imposible”, explica la especialista al otro lado del teléfono. Para cerrar, solicita la mayor especialización en violencia sexual del gremio. “Es evidente que existe una carencia de la judicatura en este sentido, y tenemos que decirlo desde dentro, aunque nos lluevan las críticas (…) El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está incumpliendo la ley al no incluir en su formación esta especialidad”.
Comunicado de la Asociación de Mujeres Juezas
Casi en paralelo con esta conversación, la Asociación de Mujeres Juezas, de la que la propia Rosell forma parte, sacaba un comunicado analizando a varias voces la sentencia. En él, explicaban que la declaración de la víctima pude ser suficiente para justificar el dictado de una sentencia condenatorio “incluso aunque fuese la única prueba disponible”.
Reconociendo “extraordinariamente complejo” el desempeño profesional en estos escenarios y anteponiendo “siempre” la presunción de inocencia de los acusados, las juezas lamentan que la absolución del futbolista pueda abrir la puerta a “verdaderas situaciones de impunidad”. Y es que, cuando los tribunales requieren una “alta exigencia”, como lo demandado hacia el relato de la víctima en este caso, las mujeres juezas consideran que lo que se lleva a cabo es una “desnaturalización” de la jurisprudencia del Supremo y a negar de facto “la posibilidad de condena basada en la declaración de la víctima”.
En el espacio político, se han pronunciado también multitud de caras conocidas, entre las que destacan seguramente la de la que fuera ministra de Igualdad, Irene Montero; o las palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien tachó de “vergüenza” durante el pasado fin de semana la sentencia.
Las declaraciones de la asimismo ministra de Hacienda provocaron un cisma y chocaron frontalmente con la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales o con el PP, que encontró en su principal bastión a Xavier García Albiol, encargado de subir el tono dentro del partido llegando a calificar a la secretaria general de los socialistas andaluces como una “analfabeta”.
