La absolución del exfutbolista Dani Alves del delito de agresión sexual, tras la sentencia dictada por unanimidad por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha propiciado diferentes reacciones dentro del mundo de la política. Una de la que más controversias ha generado ha sido la de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha calificado la decisión de “vergüenza” por “cuestionar el testimonio de una víctima” y situar “por encima” de esta la “presunción de inocencia”. Este lunes, el poder judicial ha reaccionado.
“Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”, cargaba la también secretaria general del PSOE de Andalucía, desde un acto provincial de la formación. Desde el Partido Popular (PP) salieron a la contra rápidamente y horas después ha sido el turno de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que han redactado un comunicado conjunto aludiendo a estas palabras.
"Un derecho fundamental"
El documento, firmado por Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, consta de cuatro puntos. El primero de ellos defiende el “respeto a la independencia judicial” como “un pilar fundamental del Estado de Derecho” y asegura que las sentencias tienen detrás un “análisis exhaustivo de las pruebas”. “Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial”, añaden.
En el segundo se hace alusión directa a la presunción de inocencia a la que se refirió Montero, a la que destacan como “un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución”. “Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho”, añaden los jueces y fiscales, que consideran que “cuestionar este principio puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”.
🔴Comunicado conjunto de todas las asociaciones judiciales y fiscales, ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. pic.twitter.com/lJYTlHBPPf
— AJFV Jueces (@JuecesAJFV) March 31, 2025
El tercer apartado del comunicado pone el foco en la “protección de los derechos de las víctimas”, a la que dotan de “importancia”, “especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales”. “Es fundamental que las víctimas se sientas respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y la sensibilidad que merecen”, aseguran las siete asociaciones firmantes. No obstante, matizan que esta protección “debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”.
El último de los puntos es un “llamado a la responsabilidad institucional”, a través del que los profesionales de la judicatura instan a todos los representantes públicos a “ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales”. “Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho”, añaden las asociaciones.
Las palabras de la mano derecha del presidente del Gobierno no han sentado bien el poder judicial, que zanjan su comunicado reiterando su “compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas”. A un lado y a otro del espectro político no han tardado en llegar las reacciones, recibiendo de formas contrarias el pronunciamiento de jueces y fiscales.
