El PSOE ha salido al paso del nuevo movimiento judicial en el caso Koldo defendiendo su “máxima colaboración con la Justicia” y su compromiso con la transparencia total. Fuentes del partido insisten en que la formación “ha estado y seguirá estando siempre a disposición de los tribunales”, aportando toda la documentación que se le requiera “para demostrar, con total claridad, que se actúa conforme a la ley en cada paso”.
Desde la dirección socialista recalcan que el comportamiento del partido ha sido “escrupulosamente legal”, sin que exista “ninguna actividad o práctica que pueda calificarse de irregular, y mucho menos delictiva”. Ferraz asegura que ya ha entregado al Tribunal Supremo toda la información solicitada para garantizar “la máxima transparencia”, y que hará lo mismo con cualquier nueva documentación que le pida la Audiencia Nacional.
“Aportaremos toda la documentación que se nos reclame para acreditar que cada liquidación de gastos está debidamente justificada y responde a una documentación cierta”, señalan fuentes del PSOE, que además subrayan que los movimientos en metálico “tienen una trazabilidad cierta y legal, sin descuadres ni liquidaciones no anotadas”.
El partido explica que todo el efectivo utilizado en sus devoluciones de gastos procede de sus propias cuentas bancarias y que los reembolsos “están debidamente justificados y documentados”. “La conducta del PSOE siempre ha sido de máxima colaboración con la Justicia. Así ha ocurrido siempre y así seguirá siendo”, remarcan desde Ferraz.
El Supremo deriva a la Audiencia Nacional la investigación sobre los pagos en metálico
Las declaraciones del PSOE llegan después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya decidido remitir a la Audiencia Nacional la parte de la investigación relacionada con los pagos en metálico que la formación realizó en favor del exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
En un auto dictado este viernes, Puente considera que estos hechos podrían estar vinculados a un presunto delito de blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos, por lo que insta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, a asumir la investigación.
El magistrado subraya que la actividad contable del PSOE “no está inescindiblemente vinculada” al objeto principal del caso que él instruye, centrado en la presunta trama de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas. Por eso, entiende que no le corresponde al Supremo profundizar en los pagos del partido, sino a la Audiencia Nacional.
Las dudas del juez sobre los controles internos del partido
En su auto, el juez Puente apunta a una falta de control en las liquidaciones de gastos del PSOE. Según detalla, antes de efectuar los pagos no se verificaba si la persona que reclamaba la devolución era quien realmente había realizado los gastos reflejados en los tickets o facturas. Tampoco se comprobaba si los pagos se habían efectuado en metálico o por vía bancaria, ni el origen del dinero empleado para las devoluciones.
El magistrado considera que esta falta de comprobaciones podría haber permitido que se reembolsaran gastos pagados por terceros con dinero procedente de una actividad ilícita. Incluso advierte de que “una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él, sino por terceros”.
La UCO y las testificales de Ferraz
El juez Puente ha remitido a la Audiencia Nacional el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto con la información facilitada por el PSOE, las declaraciones del exgerente del partido, una trabajadora de Ferraz y el testimonio de Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista.
El informe de la UCO recogía la existencia de comunicaciones sobre pagos en metálico a favor de Ábalos y Koldo que no se correspondían, ni por fechas ni por importes, con los datos facilitados por el partido. En sus comparecencias ante el Supremo, tanto el exministro como su exasesor se acogieron a su derecho a no declarar.
Por ello, el magistrado citó a responsables del área económica del PSOE para esclarecer los hechos. Según fuentes jurídicas, los testigos confirmaron que los pagos de gastos en la Secretaría de Organización se realizaban sin comprobaciones adicionales y que Koldo García era quien centralizaba esos procesos.
Los aspectos aún por esclarecer
En la resolución remitida a la Audiencia Nacional, el juez Puente detalla las incógnitas que siguen sin respuesta: quién gestionaba las compensaciones, cómo se efectuaban las devoluciones en metálico y de qué fuente procedía el efectivo que el partido mantenía en caja.
El magistrado considera relevante indagar también cuándo comenzó y cuándo cesó este sistema de reembolsos, si es que dejó de aplicarse. Además, llama la atención sobre la contratación de una empresa de seguridad para trasladar dinero desde las cuentas bancarias del PSOE hasta su sede, con el único fin de realizar pagos en efectivo.
A juicio del juez, habría resultado más “cómodo y económico” realizar las compensaciones mediante transferencias bancarias. Por ello, considera necesario investigar si estas prácticas pudieron encubrir “actividades irregulares o incluso potencialmente delictivas”.
Síguenos en Google Discover y no te pierdas las noticias, vídeos y artículos más interesantes
Síguenos en Google Discover 
     
     
     
     
    