El Partido Popular ha presentado una demanda contra el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la actuación del organismo que dirige Cándido Conde-Pumpido cuando emitió su sentencia sobre la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referente al primer mandato.
Los ‘populares’ registraron la demanda el pasado 3 de febrero ante la Corte de Estrasburgo y en ella acusan al TC de haber vulnerado su derecho como recurrentes a un proceso justo y equitativo en relación a lo establecido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Se trata de la primera vez que los conservadores deciden llevar hasta la Corte de Estrasburgo una actuación del actual organismo por una vulneración que, según denuncia el partido de derechas, se habría producido cuando el TC dictó sentencia en respuesta al recurso de inconstitucionalidad del grupo parlamentario popular contra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que evitó que el CGPJ llevara a cabo nombramientos discrecionales de la cúpula judicial mientras estuviera con el mandato caducado.
En las filas del PP defienden que la mencionada reforma podría contravenir el Derecho de la Unión Europea (UE) y que, como consecuencia, el Constitucional debía plantear una cuestión prejudicial ante el Estrasburgo previa sentencia. Los populares alegan que la pretensión de los recurrentes no fue estimada en la sentencia sin proporcionar a la formación “una motivación de la decisión denegatoria debidamente fundada”.
“La sentencia del Constitucional opta por la excepcional opción de rechazar el planteamiento de la cuestión solicitada sin motivar dicha negativa ni explícita ni tampoco implícitamente, contraviniendo por tanto frontalmente lo exigido por la jurisprudencia del TJUE”, subrayan en el PP, como publica este miércoles el diario El Mundo.
La formación conservadora denuncia que la motivación del TC en dar respuesta a su pretensión de plantear proponer una cuestión prejudicial “a todas luces, brilla por su ausencia, lo que debe llevar a este Tribunal (al europeo) a concluir que, en el presente supuesto, la injustificada denegación por el TC de la solicitud de planteamiento de la cuestión prejudicial debidamente formulada por los aquí recurrentes vulneró su derecho a un proceso justo y equitativo ex artículo el CEDH”.
El partido de Alberto Núñez Feijóo interpreta que la reforma legal que provocó que el CGPJ no pudiera realizar nombramientos discrecionales durante el tiempo que éste estuvo con el mandato prorrogado debía ser estudiado por Estrasburgo en el ámbito de la “compatibilidad con la noción de Estado de Derecho del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, así como la derivada y necesaria confianza de los ciudadanos en el sistema judicial en su conjunto”.
Con la decisión, los conservadores demandaron que “mediante procedimientos parlamentarios acelerados que limitan el debate público y parlamentario” se ejecutó una reforma que terminó afectando al “núcleo competencial del Poder Judicial o de sus órganos de gobierno sin consultar el órgano constitucional afectado, a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (la denominada Comisión de Venecia” y, en última instancia, a “los sectores afectados por la reforma”.
