El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado este lunes diversos registros de domicilios y empresas en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo relacionados con el empresario Víctor de Aldama y su socio Luis Alberto Escolano, ambos investigados por un fraude millonario de IVA relacionado con la venta de hidrocarburos. Los registros se han producido mientras Aldama declaraba ante el Tribunal Supremo por otra causa de corrupción donde es el principal imputado, el caso Koldo. Además, en este segunda fase , los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas, entre ellas, Carmen Pano y su hija. Pano, fue la persona que aseguro haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz, aunque declaró no saber a quién ni para qué entregó ese dinero.

Pedraz se vio obligado a dejar en libertad a Aldama después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara hace 25 días tras realizar una incendiaria declaración por otra causa, la de la trama Koldo. Así, estos registros se producen con el empresario ya en libertad, por lo que ha podido tener acceso a toda la documentación que busque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encarga de las entradas y registros en este caso.

Según ha explicado la UCO en un comunicado, la organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude.

La libertad

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz puso en libertad al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, después de las diferentes confesiones realizadas en su declaración voluntaria ante el magistrado que instruía el 'caso Koldo', Ismael Moreno.

El propio Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, tomó dicha medida tan solo unos instantes después de que la Fiscalía Anticorrupción le solicitase hacerlo. Aunque su declaración se enmarcara en el 'caso Koldo', que instruye el magistrado Ismael Moreno, fue el juez Pedraz el que ordenó su ingreso en prisión provisional por un presunto fraude de hidrocarburos. Y lo hizo porque no podía hacer otra cosa, pues la Fiscalía era la única acusación que había en ese momento personada.

Según fuentes jurídicas, De Aldama presentó ese mismo jueves de la declaración una nueva solicitud ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5, donde se le investiga por un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, junto a su socio, Claudio Rivas, y presuntos cooperadores y testaferros.

Fue el pasado 10 de octubre cuando el juez Pedraz ordenó el ingreso de Aldama en prisión provisional por la gravedad del delito, con la pena que en su caso pudiera imponerse, lo que -indicó- podría llevar al empresario a eludir la acción de la justicia.

Aldama recurrió pero tanto Pedraz como la Sala de lo Penal de la AN ratificaron que debía permanecer encarcelado. La Sala apreció que concurrían dos de los fines que la ley contempla para legitimar la prisión provisional acordada por el instructor: riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas.