El juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha rechazado ampliar la investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular de Madrid dentro del caso Púnica y ha dado el visto bueno para que la instrucción finalice el próximo día 29 de enero. Entre las peticiones para ampliar la investigación, destaca la realizada por la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), que pedía esperar a las pruebas que había prometido el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, quien se había comprometido a aportar las facturas que demostrarían la financiación paralela del PP y que implicarían a “investigados, como Esperanza Aguirre, Francisco Granados o Beltrán Gutiérrez".
El pasado 16 de enero, Adade reclamó al magistrado de la Audiencia Nacional que ampliase seis meses el plazo de investigación sobre la Pieza Separada 9 de Púnica, la que afecta a la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid y donde está imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien precisamente había solicitado al magistrado que no extendiese la investigación y la diese por concluida.
Un ordenador para el arrepentido
En concreto, Adade reclamaba que se esperase a la documentación que otro juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ordenó incorporar a esta pieza a finales de diciembre, y que se corresponde con la promesa de colaboración del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Como avisaba la acusación popular, el exdirigente del PP, al que Aguirre había protegido como presidente de la Sociedad Pública Mercado Puerta de Toledo, se había comprometido a entregar "unas facturas que ponían de manifiesto la existencia de una facturación impuesta para satisfacer las necesidades económicas del Partido Popular".
Ortega se había comprometido a colaborar con la Justicia y en julio de 2020 confesó que se había generado un sobrecoste de un millón a través de la publicidad de la Sociedad Mercado Puerta de Toledo que se desvió para crear un fondo con el que pagar gastos del Partido Popular. En dicha declaración, en la que el exalcalde empezó a tirar de la manta, se refirió, como recordaba Adade, a otros investigados en la causa como la expresidenta Esperanza Aguirre, el considerado cerebro de Púnica, Francisco Granados, y sobre el exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez.
Adade pedía ampliar seis meses más la investigación con dos objetivos: esperar un informe de la UCO que analice las facturas que Ortega ya entregó y que al arrepentido el juzgado le facilite un ordenador y una impresora en la prisión de Soto del Real, donde está recluido, para poder completar su denuncia. Y, cuando se cumplan ambos extremos, que se llame a declarar en la causa a las personas a las que implique.
El juez lo tacha de "meras sospechas"
Sin embargo, el magistrado de la Audiencia Nacional ha rechazado con dureza la petición. Según García Castellón, en un auto fechado el día 25 de enero y al que ha tenido acceso ElPlural.com, ambas peticiones -la ausencia de un informe de la UCO y la falta de medios de Ortega en prisión- son infundadas y no pueden estimarse. El juez señala que “huelga decir” que el exalcalde “podrá reiterar sus deposiciones en el juicio oral” y que no hace falta esperar “un hipotético análisis de una documentación que, según se dice en el escrito, no se le habría facilitado en el centro penitenciario”.
El escrito no indica, más allá de meras sospechas y acusaciones genéricas, la necesidad de las concretas diligencias a practicar, ni las enumera, precisa ni detalla, más allá de un simple voluntarismo en la supuesta voluntad de cooperar del Sr. ORTEGA. A su vez, deben ser desechadas las alusiones a la recepción del informe de la UCO, toda vez que en la causa ya constan los elementos esenciales para formular un juicio indiciario a propósito de los múltiples hechos investigados.
Para el magistrado, no puede darse una “excesiva prolongación” de la investigación de Púnica “con base en unas alusiones tan vagas, genéricas e indiscriminadas como las contenidas en dicha petición, en la que, por cierto, se deslizan unas inasumibles manifestaciones en orden a que no se ha facilitado el acopio de documentación por parte de este juzgado”.
“El escrito no indica, más allá de meras sospechas y acusaciones genéricas”, señala el magistrado, “la necesidad de las concretas diligencias a practicar, ni las enumera, precisa ni detalla, más allá de un simple voluntarismo en la supuesta voluntad de cooperar del Señor Ortega. A su vez, deben ser desechadas las alusiones a la recepción del informe de la UCO, toda vez que en la causa ya constan los elementos esenciales para formular un juicio indiciario a propósito de los múltiples hechos investigados”.
En base a este rechazo, el magistrado decreta el cierre de la instrucción sobre la financiación ilegal del Partido Popular para el próximo 29 de enero, aunque deja abierta la puerta a que se presente “recurso de reforma en el plazo de tres días y apelación en el plazo de cinco días”.
