Tras comparecer los días 16 y 20 de septiembre, el pasado día 1 de octubre, sin mucho ni poco revuelo mediático, dos peritos informáticos se ratificaban en los informes que han elaborado para el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional.

Con su comparecencia se daba fin a la instrucción de la denominada PS10 del Caso Púnica  que desde 2015 se viene investigando en ese juzgado. Para los lectores que no están familiarizados recordarles que la trama consistía en pagar con dinero público trabajos de reputación on line que elaborados por empresas de Alejando de Pedro buscaban favorecer la imagen en redes sociales de determinados dirigentes del PP.

Con este fin captaron la atención y el dinero de los contribuyentes, en muchas ocasiones gracias al trafico de influencias y mediación de otros cabecillas populares. El resultado es que un buen número de Altos Cargos de varias Comunidades Autónomas (Madrid y Murcia), de la Diputación Provincial de León y de numerosos ayuntamientos acabaron participando y beneficiándose en diferentes grados de esos trabajos reputacionales. En el caso de la Región de Murcia los hechos han sido investigados en la PS3 y los de la Diputación de León en la PS2 .  

El resto lo han sido en esta PS10. Sin animo exhaustivo y relacionados con la instrucción, figuran los siguientes personajes:

  • Esperanza Aguirre, ex presidenta de la CM
  • Ignacio González, ex presidente de la CM
  • Lucía Figar , ex consejera de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y Pablo Balbín , su jefe de prensa.
  • Salvador Victoria. Ex consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González
  • Alcaldes de Majadahonda, Alcobendas, Coslada, Valdemoro, Denia, Gandía, Castellón, Valencia y a los efectos de esta crónica, el ayuntamiento de Madrid durante la época que Ana Botella fue su alcaldesa.

Dicho esto, no es menos cierto que a lo largo de estos años de instrucción no todos los investigados por la UCO, la Fiscalía y el juzgado han corrido la misma suerte. Para empezar, han cambiado los propios jueces y fiscales. El primero Eloy Velasco fue sustituido por Manuel García Castellón  al igual que los jueces de refuerzo, apoyo o asesoramiento: Abascal , Gadea , De Egea o González Uriel, el último en incorporarse a este juzgado. 

También la fiscalía se ha visto afectada con diferentes movimientos internos que han culminado, por el momento, con la llegada de Alejandro Cabaleiro y la reasignación de funciones de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García.

Lo mismo ha sucedido con la UCO que ha visto como durante los primeros años elaboró numerosos informes que en su mayoría han sido determinantes para el rumbo de la instrucción y desde un tiempo a esta parte, apenas han sido requeridos para nuevos informes o en el algún caso, sus propuestas de actuación han sido directamente ignoradas, como ha sucedido en el caso que hoy nos ocupa con los numerosos indicios que afectan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que también han pasado casualmente inadvertidos.

El extraño caso del Ayuntamiento de Madrid

Para situarnos. El 2 de noviembre del 2017, la UCO entrega al JCI nº 6 cuyo titular es García Castellón un extenso informe denominado “Análisis sobre supuestas irregularidades relacionadas con la contratación de los servicios de empresas vinculadas a Alejandro de Pedro LLorca en el Ayuntamiento de Madrid”.  Este documento va acompañado de numerosos anexos que contienen, entre otros, copia de trabajos sobre reputación a favor de Ana Botella, presupuestos desglosados, correos intervenidos o transcripciones de declaraciones ante la propia UCO.

El caso es que tras analizar las relaciones entre los principales sospechosos la Guardia Civil concluye que:

  1. Alejandro de Pedro LLorca es responsable de un delito de malversación. Propietario de las empresas “Madiva Editorial y Publicidad SL” y “Eico Online reputación Management SL”.  En la actualidad está procesado en la PS2 y PS3 de Púnica.
  2. José Antonio Alonso Conesa es responsable de un delito de tráfico de influencias. En la actualidad está procesado en la PS 2 y PS3 de Púnica
  3. Elena Sánchez Pérez. Responsable de un delito de tráfico de influencias y de malversación. Ex DG de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid y ex jefe de prensa de Eduardo Zaplana en su etapa como Ministro de Trabajo y Portavoz del GPP en el Congreso. En la actualidad es subdirectora de la franja política del programa “La hora de la 1” de TVE.
  4. Eduardo Zaplana Soro.  Responsable de un delito de tráfico de influencias. Ex presidente de la Generalitad de Valencia, Ministro de Trabajo y Portavoz con el Gobierno de Aznar y Portavoz del GPP. En la actualidad está siendo investigado en el denominado Caso Erial .

En el informe aparecen otros intervinientes sobre los que la UCO no eleva ninguna conclusión al juzgado.

Entre estos figuran:

Según la información de la UCO, gracias a la intermediación de Eduardo Zaplana, el 26 de agosto del 2014 se celebró una cena en casa de los Aznar Botella en Estepona (Málaga) en la que Alejandro de Pedro presentó su propuesta de reputación on line a la entonces alcaldesa de Madrid. Desde entonces hay constancia de varias reuniones entre De Pedro y Elena Sánchez, así como con varios trabajadores del ayuntamiento de Madrid.

El 30 de noviembre del 2017, José Luis Martínez Almeida , entonces Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, remitió a la UCO un certificado en el que hace constar que su Grupo contrató en el 2012 los servicios de “Eico Online reputación Management SL” por un importe de 3540€.

En esta misma línea el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Manuela Carmena, hizo publico dos informes, uno en diciembre 2015 y otro en enero del 2016, sobre las vinculaciones que se mantuvieron con la trama Púnica que pueden ser consultados en este enlace.

No hay caso

Dicho todo lo anterior y a falta de que García Castellón  lo confirme definitivamente en su próximo e inminente auto de procesamiento, decisión que, visto lo visto, no ponemos en duda que ignorara cualquier referencia al Ayuntamiento de Madrid, el hecho cierto es que la Fiscalía Anticorrupción en dos párrafos, dentro de un informe de más de más de 50 páginas, tramitó del siguiente modo y manera la investigación: “Respecto de los hechos ocurridos en Madrid y Valencia no superan en este momento el umbral de tipicidad, ya que el trabajo realizado por EICO parecía estar dirigido a posicionar on line las noticias favorables al “equipo municipal” enmarcándose más bien esta práctica en el ámbito, sin superarlo, de la promoción, defensa y comunicación de  políticas públicas, y ello, sin perjuicio de que la investigación que resta por practicar evidencie la intención de pagar con fondos públicos campañas de reputación política puramente personal. Del mismo modo, las fuentes de prueba evidencian que los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA recurrirían a Eduardo ZAPLANA solicitándole que se sirviera de su anterior cargo político para intentar influir en favor de EICO, sobre funcionarios y cargos públicos, a los efectos de la consecución para dicha sociedad de proyectos públicos varios. Sin embargo, no existe prueba de que finalmente se produjesen los contactos ni se materializasen los conciertos, porque ninguno de dichos proyectos salió adelante”.

Para la Fiscalía da igual que hubiera habido reuniones del más alto nivel, da igual que a través de “Irismedia Agencia de Comunicación SL” se pagara a Madiva SL y da igual que Zaplana hiciera de intermediario. Como es natural, tras el informe de la UCO, no se llamó a declarar en sintonía con esta línea de investigación ni siquiera como testigos a ninguno de los protagonistas. Pelillos a la mar. 

Total, para qué engañarse. Si algo ha quedado claro a lo largo y ancho de los diferentes procesos penales abiertos en juzgados de la Audiencia Nacional por causas de corrupción y el PP, es que no todos son tratados por igual. Hay parejas genovesas, como “Aznar & Botella SL” que parecen estar exentas de cualquier investigación judicial que se tercie.

Como es natural el juez conservador García Castellón  es ajeno al mundanal ruido de los dimes y diretes. Nada que ver con el hecho de que haya sido el instructor encargado de investigar el atentado terrorista de ETA contra Aznar, mucho menos que fuera nombrado por el Gobierno de Aznar juez de enlace en Francia (2000-2006) o en Italia por Rajoy (2006-2017 el mismo que ha sobreseído a Cospedal , a López del Hierro  o a Cifuentes  y Ruiz Gallardón .  Circunstancias sobrevenidas.

Esta misma lógica, es decir, circunstancias de la vida, es aplicable al juez no menos conservador Abascal , hoy titular interino en el JCI nº1 de la AN  y durante años juez de refuerzo de Eloy Velasco  y del propio García Castellón . Da igual que sea el candidato de la APM en la frustrada renovación del CGPJ con el apoyo del PP , da lo mismo que su hermana trabaje como asesora del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid , incluso da lo mismo que mantenga una fluida relación con el responsable de Justicia del PP y con el abogado genovés Arnaldo Alcubilla .

En fin, podríamos seguir añadiendo todo tipo de circunstancias, sobrevenidas o no, que se dan cita en la Audiencia Nacional, cuya Sala de lo Penal continúa presidiendo Concepción Espejel . Mientras tanto, colorín colorado este caso se ha acabado.