Las relaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía Anticorrupción, así como con los casos de corrupción empiezan a ser 'algo habitual'. A la investigación abierta por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, de las presuntas comisiones de los contratos que cobró Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, se une ahora que, el juez del Juzgado Número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Navalcarnero ha citado a declarar como imputada a la alcaldesa del PP e incondicional de Ayuso, Ana Millán, y al empresario, Francisco Roselló, por su vinculación con unos contratos presuntamente irregulares del caso Púnica.
Este juzgado, tal y como informó ElPlural.com, se ha hecho cargo de los ‘flecos’ del caso Púnica, después de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, haya enviado los contratos no vinculados con Francisco Granados a otros juzgados.
En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez, no solo cita a Millán y Roselló, sino que aprovecha para levantar el secreto de sumario que había decretado desde que recbiera la causa de la Audiencia Nacional.
Registro
Estas citaciones se producen después de que, a finales del mes de enero, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entraba en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Los agentes iban detrás de los contratos con la empresa Neverland firmados por la entonces concejal, la popular, Ana Millán. Estos contratos estaban en la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, dentro del caso Púnica, concretamente en la pieza 7.
Antes de abrir el caso, y decretar el secreto de las actuaciones, el magistrado de Navalcarnero recibió un auto, en el que García-Castellón explicaba que, existe evidencia de un delito de prevaricación, pero que los presuntos delitos relacionados con Waiter (Vinculada con Granandos) estarían prescritos. No así lo de Neverland, que serían del año 2014.
Y apostillaba: “No procede realizar instrucción alguna respecto a la relación de J. L. Huerta (Waiter) y este ayuntamiento en relación a los concejales y funcionarios. Cuestión diferente se produce en relación a los hechos relativos a la concejal Ana Millán, y su relación con la empresa Neverland que sí ofrecen indicios de posible delito que no se encontraría prescrito, más estos no guardan relación con la presente pieza por lo que procedería a la inhibición al juzgado de instrucción competente”.
En cuanto a los contratos, explican las fuentes consultadas por este periódico, que lo que se está investigando es la clausula de publicidad que había dentro de estos. Esta clausula era de entre un 1 y un 3% del total del contrato. Lo que sospechan los investigadores es que, con ese dinero, y falseando actos de las obras, lo que en realidad se hacía era pagar actos de partido y de campaña para las elecciones. Es decir, lo mismo que la pieza 7 de Púnica, pero sin Granados de por medio.
