Matthew Nicklin, el magistrado londinense que la semana pasada denegó la inmunidad al rey emérito Juan Carlos I, que se enfrenta a una demanda civil por acoso de su examante Corinna Larsen, ha rechazado la apelación presentada por los abogados del monarca.

Tras este segundo varapalo judicial, desde el despacho de abogados Clifford Chance ya han anunciado que piensan presentar un recurso ante la Corte de Apelación británica, tal y como ha adelantado Okdiario.

La demanda de Corinna

En su demanda, la examante del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con la intención de "poner fin al acoso" que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I. Solicitaba, además, medidas para impedir que este se repitiera, así como la prohibición de que Juan Carlos se comunique con ella, haga comentarios difamatorios, o se sitúe a menos de 250 metros de su residencia.

No es el primer caso

Los problemas de Juan Carlos I con la Justicia británica no es algo nuevo entre los ‘royals’ europeos. De hecho, el hijo de la reina de Inglaterra, Isabel II, el príncipe Andrés, ha llegado a un acuerdo extrajudicial 'millonario' para evitar el juicio civil por agresión sexual en Nueva York que tenía pendiente dentro del caso Epstein.

A diferencia de la Justicia española, donde la agresión sexual que ha afectado a Andrés, o el acoso, que es de lo que la examante del rey emérito, Corinna Larsen, acusa al monarca, son delitos que se juzgan en la jurisdicción penal, en la Justicia anglosajona se pueden incluir dentro de la jurisdicción civil.

Esto es así porque, “el sistema penal, y la concepción del sistema penal, entre el derecho continental y el derecho anglosajón es completamente distinto. Allí, la presunta víctima es la que puede decidir si abre un procedimiento civil y pide solamente indemnización o va por la vía penal porque quiere que vaya a la cárcel. Eso por un lado, y por otro, la acusación pública, o la acusación en general, porque no tiene que ser la del fiscal, allí tiene el principio de oportunidad, lo que significa que no tiene porqué estar obligado a perseguir todo tipo de delitos, decide los que persigue o no persigue”, según han explicado fuentes expertas en derecho internacional a ElPlural.com.