En 2016, el despacho de abogados Ribas y Asociados, especializado en compliance, elaboró un informe en cuyas conclusiones advertían al FC Barcelona que estaba incurriendo hasta ese momento en hasta 45 riesgos de comisión de algún tipo de delito o infracción, según publica El Confidencial. El dossier se realizó por encargo de la propia entidad, mientras en paralelo persistía en sus pagos al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. Precisamente, el estallido de la trama ha aireado estos documentos que, hasta que fuera descubierto por los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso, permanecían en absoluto secreto.

El pasado 10 de enero se levantó el secreto de sumario del caso Negreira, pieza que investiga la trama de los pagos al número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por parte del FC Barcelona durante 17 años. El club catalán habría abonado al ex vicepresidente del colectivo arbitral 7,6 millones de euros entre los años 2001 a 2018, con la salida de éste del organismo dependiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El levantamiento ha dejado al descubierto un informe secreto elaborado por un despacho de abogados que concluyó en 2016 que la entidad blaugrana estaba incurriendo en hasta 45 riesgos de cometer algún tipo de infracción o delito. Todo ello mientras, en paralelo, mantenía a sueldo al exvicepresidente, a quien una veintena de árbitros, contraviniendo la versión ofrecida por la actual dirección del CTA, describía como “un general”.

El despacho de abogados que estampó su firma en el informe fue el bufete Ribas y Asociados, especializado en compliance, y obedecía a una exigencia de LaLiga para tratar de neutralizar o amortiguar posibles riesgos penales, civiles y reputacionales que pudieran afectar a los equipos de Primera y Segunda División, tal y como ha avanzado El Confidencial. Cabe señalar que la reforma penal del año 2010 convertía a las personas jurídicas, incluyendo los clubes de fútbol, como potencialmente condenados.

La auditoría detectó 45 riesgos de incurrir en algún tipo de delito o infracción en diferentes materias a lo largo de la temporada 2016-2017

La que fuera responsable del departamento de compliance del FC Barcelona entre mayo de 2016 y enero de 2019, Sabine Paquer, admitió ante los agentes de la Guardia Civil que conocía la existencia del dossier del bufete. Declaró, en calidad de testigo del caso Negreira el pasado 17 de julio de 2023, que no recordaba las conclusiones a las que había llegado la firma, según consta en los tomos del sumario adelantado por El Confidencial.

Del interrogatorio se deduce que la auditoría detectó 45 riesgos de incurrir en algún tipo de delito o infracción en diferentes materias a lo largo de la temporada 2016-2017. El informe se entregó entonces a los directivos del club y, posteriormente, se remitió a LaLiga. A pesar de la alerta, el FC Barcelona continuó con los pagos al exvicepresidente de los árbitros durante dos años más, hasta junio de 2018, cuando se convocaron nuevas elecciones y Luis Rubiales desembarcó en la RFEF, remodelando también la dirección orgánica del colectivo arbitral, donde Enríquez Negreira hizo tándem con Victoriano Sánchez Arminio, ya fallecido.

La testifical de Paquer

La responsable del departamento de compliance aseguró en su declaración que nunca conoció ni a Negreira ni a su hijo, Javier Enríquez Romero, otra de las patas sobre las que pivota la investigación. Paquer destacó, además, que ningún miembro de la junta directiva del FC Barcelona ni ningún otro alto cargo le advirtieron de la relación comercial que padre e hijo mantenían con la entidad. Tampoco fue informada, según explicó ante los agentes, de las facturas que remitían periódicamente al club, a pesar de que, por su puesto, debía tenerlo en conocimiento.

De hecho, Paquer no pudo explicar por qué esos pagos no se reflejaron en la contabilidad del club. De haber tenido algún dato, declaró la testigo, se hubiera iniciado “un expediente para saber en qué consistía el servicio” que presuntamente prestaban Negreira y su hijo, “justificar los importes para saberlo, además de determinar la existencia de conflicto de interés”, debido al puesto que ostentaba Enríquez Negreira.

En cualquier caso, el dictamen de Ribas y Asociados advirtió de todos los problemas que ahogan hoy al club. Sobre el FC Barcelona recae una imputación en el caso Negreira como persona jurídica por no disponer de controles y protocolos de prevención que debieron impedir la relación laboral con el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para realizar servicios no acreditados y canalizar dinero a través de sociedades instrumentales y facturas, en apariencia, falsas. También están investigados los presidentes Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, además de otros altos directivos blaugranas.