La fiscal de sala coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, ha ha archivado las diligencias de investigación abiertas de los sucesos ocurridos el 24 de junio en la frontera de Melilla, donde murieron 23 personas. Según el decreto, la fiscal afirma que se archiva al no apreciar indicios de delito en la actuación de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Asimismo, la representante del Ministerio Público da traslado al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil de la actuación de varios agentes que lanzaron piedras contra las personas migrantes, por si fuera constitutiva de infracción disciplinaria. En su informe, la fiscal explica que se constata que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles. 

En su decreto, la fiscal recuerda a los ministerios implicados su obligación de poner en marcha las medidas necesarias para garantizar que los migrantes tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo en las oficinas diplomáticas o consulares españolas en los países de origen o de tránsito, así como en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, “a fin de asegurar que los migrantes que intenten acceder a nuestro país mediante el salto de la valla hayan podido optar previamente por acudir al sistema legalmente establecido”.

Además les recuerda en su escrito que la mayoría de las personas migrantes proceden de países en conflicto y, por tanto, son merecedoras de protección internacional. “Debería realizarse un análisis pormenorizado de las fallas de un sistema que no impide que estas personas pongan en riesgo su integridad física y sus vidas, acometiendo conductas tan peligrosas como un salto de la valla sin haber acudido a los sistemas legales establecidos al efecto”, asegura la fiscal de sala.

Seis meses de investigación

La fiscal coordinadora de Extranjería, que incoó las diligencias de investigación el 28 de junio de 2022, ha practicado durante estos seis meses varias diligencias como la inspección ocular, la toma de declaración tanto a personas migrantes como a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados, y el análisis de diversos informes, material videográfico y audios correspondientes a los hechos ocurridos aquel 24 de junio.

Los únicos datos oficiales sobre las muertes y sus causas son los facilitados por las autoridades marroquíes en el informe emitido a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Por tanto, son las autoridades marroquíes las que disponen de todos los elementos probatorios (cuerpos de los fallecidos, testigos, migrantes heridos, etc).

En la investigación realizada por la Fiscalía, se constata que la actuación de los migrantes, entre 700 y 800 personas, fue en todo momento hostil y violenta, tanto hacia los agentes marroquíes como hacia los españoles. Del total de las diligencias de investigación practicadas, no puede concluirse que la actuación de los agentes intervinientes incrementara el riesgo para la vida e integridad física de los migrantes, por lo que no se les puede imputar un delito de homicidio imprudente.

Rechazos en frontera

Asimismo, ninguno de los agentes actuantes en el operativo tuvo conocimiento de la avalancha producida y de sus fatídicas consecuencias, por lo que en ningún momento supieron que había personas en situación de riesgo que necesitaban su auxilio. Incluso de haberlo sabido, no podrían habérselo prestado sin riesgo propio.

En cuanto a los rechazos en frontera, se llevaron a cabo 470 aunque, según la Fiscalía, los agentes de la Guardia Civil que llevaron a cabo las devoluciones lo hicieron “en cumplimiento y en el ejercicio de sus funciones, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Extranjería y en base a las competencias que legalmente tienen atribuidas para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, como era el ataque violento, masivo e incontrolado a una frontera española”.