El sindicato FETAP-CGT ha solicitado a la magistrada instructora del Juzgado Número 3 de Catarroja, que instruye el homicidio por negligencia de las 227 víctimas de la DANA, que se solicite al 112 la copia de las llamadas que se incluyen en el informe aportado por Emergencias al juzgado el martes. Así, según consta en el escrito presentado por el letrado Joan Comorera, se pide "que, a la vista del informe de la subdirección general de emergencias sobre las llamadas recibidas en el 112 Comunitat Valenciana, esta parte interesa se oficie nuevamente a la Dirección general de Emergencias a fin de que remita todos los audios de las llamadas recibidas el día 29 de octubre de 2024, reflejadas en su informe de fecha 25 de febrero de 2025".

Explica el abogado en su escrito que, el artículo 53 de la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias establece que, “las conversaciones que los ciudadanos u organismos mantengan con «112 Comunitat Valenciana», ya sean por teléfono o por radio, serán grabadas”. Y en su punto 4 señala que, “las grabaciones y los registros de los incidentes gestionados por «112 Comunitat Valenciana» serán custodiados durante un periodo máximo de dos años, salvo instrucción diferente de la autoridad judicial".

Las llamadas

Este escrito no es baladí, puesto que el informe del 112 evidenció que la gente se estaba ahogando en Chiva más de tres horas antes de que sonara la alerta. Unas llamadas que, además, y como informó en exclusiva ElPlural.com y certificó la delegada del Gobierno le fueron ocultadas por parte del Cecopi aquella tarde del 29 de octubre.

Entre las 16:40 y las 16:41, el 112 recibió en menos de un minuto tres llamadas desde Chiva alertando de que el agua ya está entrando en las viviendas. Llamadas que se siguieron produciendo. A las 16:56, otra llamada desde ese mismo municipio alertaba de que el agua ya les llegaba a la primera planta. Estas llamadas son más que importantes porque, este municipio, es la cabecera del Poyo.

El listado de llamadas aportado por el 112 al juzgado es un listado aséptico del dolor y el miedo que se vivió la tarde y la noche del 29 de octubre en Valencia. Hay una llamadas desde Massanassa a las 18:41 que alertaba de que el agua estaba arrastrando a más de 50 coches, u otra a las 19:07 desde Picanya en la que se pedía ayuda para una mujer de 80 años con Alzhéimer que estaba en su sofá desorientada. A las 17:19, tres horas antes de que Pradas por fin se decidiera a enviar la alerta, el 112 ya había recibido una llamada de personas que estaban atrapadas en un tejado en Chiva.

Tres horas en las que se sabía que la cabecera del barranco del Poyo estaba completamente desbordado. Es más, las primeras llamadas de esa zona entraron entre las cuatro y media y las cinco de la tarde. Este informe desmonta todo el relato vendido hasta ahora por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; por su consellera al mando del Cecopi ese día, Salomé Pradas, y por todo el PP valenciano y estatal sobre que nadie les alertó, que no sabían que el Poyo venía crecido y desbordado. Este informe va a suponer un antes y un después en la instrucción judicial sobre las 227 muertes que se produjeron aquel día.

Unas muertes evitables, según expone la juez en sus autos, quien no ha dejado de afirmar en sus escritos que la alerta enviada a las 20:11 minutos no solo fue "tardía", sino que contenía un mensaje erróneo