El caso Erial, en el que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, está como principal imputado por presuntamente cobrar mordidas millonarias a cambio del amaño de adjudicaciones, está a un solo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) del auto de procesamiento del que fuera exministro de José María Aznar. 

Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas a la investigación, tan solo falta por llegar un informe relativo a los registros realizados a Carlos García Mondedeu, supuesto ‘empleador’ de Zaplana, y que fue detenido en Ibiza durante la última tanda de detenciones reaizadas por la UCO.

Las mismas fuentes aseguran que, una vez llegue ese informe, el auto de procesamiento de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia es solo cuestión de semanas. Es decir, que dicho auto podría salir del horno antes de este verano.

Tan solo hay una cosa que podría dilatar eso plazos, y son los recursos presentados por la defensa de Zaplana sobre la petición de declaración del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, y de Marcos Benavent, más conocido como el ‘yonki’ del dinero. El primero dejó caer en la comisión de Kitchen en el Congreso de los Diputados que el caso Erial comenzó por petición del exministro del Interior del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba quien según Villarejo, a través del CNI pergeñó una serie de artimañas para hundir al PP, algo que resulta del todo imposible por las fechas.

El segundo, Benavent, ha realizado un viraje de 180 grados en su estrategia dentro del caso Taula, donde, tras cambiar de defensa, ha pasado de colaborar con la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, ha tratar de reventar no solo ese caso sino, además y de paso, el caso Erial. En ambos casos, la magistrada denegó las pretensiones de la defensa del expresidente valenciano, pero el letrado recurrió en apelación a la Audiencia Provincial, cuyos magistrados aun no se han pronunciado.

Caso Erial

En el caso Erial se investiga el supuesto amaño en la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat Valenciana, así como el posterior pago de presuntas comisiones, entre otros, al expresidente Zaplana.

Entre los imputados en esta macrocausa contra la corrupción se encuentran, además de Eduardo Zaplana, los empresarios José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.

Los imputados en el Juzgado de Instrucción Número 8 de Valencia están acusados de diversos delitos: prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.