Quedan lejos los titulares encabezados por Luis Medina y Alberto Luceño. Suenan a un pasado casi difícil de recordar, pero tan sólo han transcurrido cuatro años desde que aparecieron aquellas primeras informaciones que apuntaban a que estos dos empresarios vendieron material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid por valor de 6 millones de euros. Este, tras cuatro largos cursos de ardua investigación judicial, los dos comisionistas principales del llamado caso mascarillas se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid en el arranque de un juicio en el que se les atribuye presunta estafa al Consistorio madrileño durante los peores momentos de la pandemia.
Los hechos que se juzgan se remontan a marzo del año 2020. Es decir, en pleno expansionismo del coronavirus por todo el mundo de manera descontrolada. En aquellos días, los muertos por Covid ascendían prácticamente a cada hora, mientras que el país sufre un confinamiento total para controlar los contagios por la agresividad de un virus cuyo tratamiento aún era desconocido. Esta era la foto general y el momento en el que el Ayuntamiento de Madrid recibe una oferta para adquirir mascarillas a un precio relativamente razonable.
Luis Medina es quien se pone en contacto con el Consistorio a través de un cargo de relevancia del municipio para trasladarle la propuesta. Posteriormente, Luceño se encarga de negociar los términos de la venta. De hecho, es este segundo empresario el que había conseguido material sanitario a través de una tercera pata. Se trata de otro empresario de origen malasio llamado San Chin Choon, que podría transportarla hasta la capital. El Ayuntamiento, en manos de José Luis Martínez-Almeida, firmó tres contratos por valor total de 15,8 millones de euros a cambio de un millón de mascarillas, dos millones y medio de guantes y 250.000 test rápidos de detección del virus. Compras tramitadas a través de una Funeraria de Madrid, que le situó como foco de este negocio.
Una estafa
En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que el precio inicial era “muy superior” al que ofrecían otras alternativas, pero que justificaban con la imposición de comisiones “desorbitadas” que ambos trataron de ocultar al propio Ayuntamiento. De los 15,8 millones, 6 correspondían al dinero que se embolsarían los dos principales protagonistas de la trama. Así, las mascarillas que llegaron a la región eran las más caras de todo el panorama.
Los empresarios inflaron su precio original en un 60% para elevar la cuantía de la comisión. Aun con todo, el porcentaje no era superior al de los guantes de nitrilo, para los que se disparó en torno a un 81%. Además, la remesa de estos últimos incumplía las condiciones pactadas con la Corporación municipal: no llegaban al codo y apenas cubrían la muñeca: todo lo contrario a lo que estaba previsto. El Gobierno de Almeida se quejó y, tras ella, Luceño devolvió cuatro millones de euros vía transferencia bancaria. Además, los test de coronavirus que se entregaron al ayuntamiento también eran inservibles
El papel del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid se ha constituido como parte perjudicada en el caso. Durante la fase de instrucción, el juez desestimó cualquier implicación del Consistorio en la trama. No obstante, la oposición sostiene que la clave del caso radica en cómo Luceño y Medina lograron acceder al Ayuntamiento para obtener contratos millonarios.
Según el juez, Luis Medina, “aprovechando su estatus como figura pública y conocida”, obtuvo el número de teléfono de Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid. Fue él quien lo puso en contacto con Elena Collado, una destacada funcionaria del Ayuntamiento que gestionó la compraventa y fue la primera en alertar sobre la estafa. Tanto Collado como el familiar de José Luis Martínez Almeida deberán declarar como testigos en las próximas semanas ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Dos semanas de intensa actividad
El juicio por el caso de los intermediarios Luceño y Medina comienza este martes y se prolongará hasta el 26 de febrero, día en el que los acusados declararán. El Ayuntamiento de Madrid sostiene que los hechos pueden ser constitutivos de delito. La misma Sala que trató el 'Caso Madrid Arena', el caso del "pederasta de Ciudad Lineal" y el juicio a Rodrigo Rato se encargará de este caso.
Luceño está acusado de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y falsedad en documento oficial. Medina enfrenta cargos por estafa agravada y falsedad en documento mercantil. El fiscal solicita 9 años de prisión para Medina y 15 para Luceño, además de millonarias multas. En concreto, se reclama una multa de 5 millones de euros para Luceño y 450.000 para Medina. Ambos también deberán indemnizar con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.
Asimismo, se les exige indemnizar a la Agencia Tributaria con 1.351.000 euros si se considera que las comisiones obtenidas deben tributar. También se pide el decomiso de bienes embargados por un valor de hasta 4.623.000 euros para Luceño y 912.000 para Medina.
