La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al Juzgado de Instrucción Número 26 de la capital reabrir la causa por presunto delito de amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los hechos ocurridos en la Nochevieja de 2023, cuando manifestantes ultraderechistas lincharon y apalearon a un muñeco que representaba la figura del jefe el Ejecutivo frente al cuartel general del PSOE en Ferraz. El auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, recoge que los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía, pero también parcialmente los presentados por el propio Sánchez y el PSOE. De esta manera, se anula la decisión de la instructora que ordenó el archivo del caso.
En el escrito al que ha tenido acceso este periódico, rechazan la petición de ambas partes de trasladar el caso a la Audiencia Nacional, al entender que los hechos no encajan en el marco de un delito de amenazas o injurias contra el Gobierno como institución. El tribunal también descarta que se trate de delitos de odio o de injurias, pero considera que sí existen indicios suficientes para continuar investigando un posible delito de amenazas graves.
La resolución judicial subraya la crudeza de las imágenes difundidas durante la protesta, en las que puede verse cómo un muñeco con la imagen de Sánchez es colgado de una soga, apaleado y sometido a diferentes vejaciones simbólicas. Este acto fue acompañado por gritos como "colgadlo de los pies", "hay que quemar Ferraz" o "a por Sánchez, oe", consignas que, según los magistrados, configuran un escenario de intimidación con una intensidad suficiente para justificar la reapertura del caso.
“El contexto de las imágenes y los mensajes dirigidos tanto al presidente como a la sede del PSOE, dotan al acto de una carga amenazante que no puede ampararse, al menos provisionalmente, en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, recoge el auto. Aunque se tratara de una manifestación de protesta, los jueces consideran que el carácter simbólico del acto no exime de su gravedad.
El tribunal reconoce el derecho a la protesta y a la crítica política, pero advierte de que existen límites cuando se cruzan líneas que pueden suponer una amenaza directa o indirecta contra la integridad o seguridad de personas o instituciones democráticas. Por ello, la causa regresa al juzgado de instrucción para que continúe la investigación y se esclarezca si los hechos constituyen realmente un delito penal perseguible. Con esta decisión, la Audiencia Provincial da un paso más en la protección de los representantes públicos frente a actos que puedan traspasar los márgenes del discurso crítico y legítimo para convertirse en amenazas o actos intimidatorios.
