El diputado del Partido Popular, Alberto Casero, ha llegado al Tribunal Supremo acompañado de su letrado. Casero está citado para declarar como imputado por un delito de prevaricación continuada relacionada con cinco contratos que presuntamente dio 'a dedo' durante su época como alcalde de Trujillo, tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com. El magistrado del Alto Tribunal, Andrés Palomo, será la persona encargada de instruir este procedimiento judicial contra el diputado nacional del PP que saltó a la fama por ser la persona que se equivocó votando la reforma laboral. Gracias a su voto salió adelante.
A su llegada al Supremo, Casero ha sido preguntado sobre si pensaba declarar o acogerse a su derecho a no hacerlo. En un tono bastante chulesco, el diputado del PP ha contestado: "evidentemente que voy a declarar". Nada más ha querido decirles a los medios que esperaban en la puerta del Tribunal.
El caso Casero
El conocido como caso Casero comenzó con una denuncia de la fiscal jefe que decía que, el 3 de marzo de 2017, Casero, en su papel de alcalde de Trujillo, contrató a un psicólogo que prestara servicios al Ayuntamiento que en aquel entonces dirigía. Éste habría desarrollado su actividad en los meses de marzo, abril, mayo y junio atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género.
Sin embargo, y según la denuncia presentada por el MInisterio Público, el contrato se firmó pese a que el alcalde “conocía que la competencia para este servicio correspondía a la concejala delegada de Servicios Sociales”. Señalaba la denuncia, que añadía que “el 10 de marzo de 2017, se dio de baja en la Seguridad Social a Bonilla, si bien cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros, correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. El alcalde conocía que carecía completamente de cobertura contractual”. Lo más grave es que nunca se prestó el servicio a las mujeres víctimas de violencia de género.
Como ese contrato, hubo varios más, hasta cuatro más, que presuntamente se saltaron la legalidad. La denuncia especificaba que, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.
Los contratos
Además, del contrato de atención a víctimas maltratadas, otro de los contratos cruzó los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.
La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.
Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.
