El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, ha citado para el próximo 20 de junio al diputado del PP, Alberto Casero, como imputado para que preste declaración voluntaria en relación con la causa en la que investiga determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018, y que ElPlural.com desveló en exclusiva.
La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevase al Supremo una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa.
Alberto Casero además de por su problemas judiciales, saltó a la fama al ser el diputado del Congreso de los Diputados que salvó la reforma laboral que el Gobierno de coalición consensuó con sindicatos y patronal. Es diputado del Partido Popular en el Congreso y que era miembro del Comité Ejecutivo nacional de Pablo Casado, y votó a favor de la reforma por error, rompiendo en consenso de su formación para no apoyarla, lo que acabó aprobando la reforma de Yolanda Díaz por un solo voto.ç
El caso Casero
El conocido como caso Casero comenzó con una denuncia de la fiscal jefe que decía que, el 3 de marzo de 2017, Casero, en su papel de alcalde de Trujillo, contrató a un psicólogo que prestara servicios al Ayuntamiento. Éste habría desarrollado su actividad en los meses de marzo, abril, mayo y junio atendiendo a mujeres víctimas de violencia de género.
El contrato se firmó pese a que el alcalde “conocía que la competencia para este servicio correspondía a la concejala delegada de Servicios Sociales”. Señalaba la denuncia, que añadía que “el 10 de marzo de 2017, se dio de baja en la Seguridad Social a Bonilla, si bien cobró cuatro facturas por importe de 6.120 euros, correspondientes a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. El alcalde conocía que carecía completamente de cobertura contractual”. Lo más grave es que nunca se prestó el servicio a las mujeres víctimas de violencia de género.
Como ese contrato, hubo varios más que presuntamente se saltaron la legalidad. La denuncia especificaba que, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.
Los contratos
Además, del contrato de atención a víctimas maltratadas, otro de los contratos cruzó los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.
La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.
Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.
