El caso Casero donde se investiga si el diputado del PP que hizo posible la reforma laboral del Gobierno al equivocarse votando, Alberto Casero, ha cometido un delito de prevaricación continuada ya está en el Supremo a la espera de ser admitido. En la exposición razonada de la juez de Trujillo, hacía referencia a un segundo informe de la Fiscalía. ElPlural.com ha tenido acceso a ese informe donde la fiscal afirma: “apreciamos la existencia de indicios de comisión por parte de Alberto Casero de un delito continuado de prevaricación administrativa”.

Explica que la fiscal que ha llegado a esta convicción “una vez examinada la documental incorporada al procedimiento distinta de la ya aportada por este Ministerio Fiscal con la denuncia de 14 de junio de 2021, así como las testificales practicadas, en particular la del testigo Jesús H. C. (interventor interino del Ayuntamiento de Trujillo desde agosto de 2017 hasta agosto de 2019)”.

En su informe, la fiscal explica que tiene tan solo un folio porque dan por “reproducidos, en aras de la brevedad, los hechos expuestos en los distintos apartados de nuestra denuncia obrante al acontecimiento número 1 de las actuaciones”.

La denuncia

Lo que viene a decir la fiscal Eva María Grano es que, tras realizarse diversas tomas de declaración, sigue manteniendo lo que en su día llevó a abrir esta investigación. Como adelantó este periódico, la fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellá-García Macho, denunció que mientras fue alcalde de Trujillo, Alberto Casero, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.

El asunto se destapa después de que los trabajos vinculados a dichos contratos se llevaran a cabo, pero las facturas no fueran pagadas por la nueva Corporación, después de que el PP perdiera la Alcaldía en las elecciones de 2019, porque no había expedientes. Esto provocó la reclamación por parte de las empresas contratadas ante la Justicia, con las consecuentes sentencias que obligaron al Ayuntamiento a realizar los abonos.

Contratos denunciados

El contencioso puso a la Fiscalía en la pista de los contratos sospechosos, que superan el importe total de los 100.000 euros. Varios de ellos están relacionados con un psicólogo que responde al nombre de Pablo Bonilla y que supuestamente prestó servicios a mujeres víctimas de Violencia de Género, ya que desde el consistorio afirman que nunca las atendió.

La denuncia de la fiscal jefe señala que Casero “no informó, ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe de órgano de contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Lo que no impidió que a Bonilla se le adjudicara un contrato de 18.000 euros y otros cuatro de 6.120 euros.

Otro de los contratos cruza los mares y tiene cierta ironía histórica porque es un convenio con la Cámara de Comercio de Perú. La firma le costó a la localidad extremeña un total de 25.000 euros, pero el entonces alcalde “no informó a los servicios económicos ni jurídicos del ayuntamiento, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención, ni fue aprobado por el pleno ni por resolución de alcaldía”.

La gala anual de los premios Pop Eye también se trasladó a Trujillo gracias a las gestiones del entonces alcalde y hoy diputado del PP, que pagó 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Según la denuncia de la fiscal, el contrato de patrocinio “debía sujetarse para su adjudicación a la Ley de Contratos del Sector Público”, algo que no sucedió, como tampoco “se aplicó el procedimiento negociado sin publicidad”. El contrato se firmó el 15 de junio de 2018, cuando ya había entrado en vigor el cambio legal que colocaba el máximo importe para contratos menores en 15.000 euros.

Otros de los contratos que según la fiscal jefe de Cáceres se realizaron de forma irregular fueron los de la promoción de la Feria del Queso, firmado con Radio Interior por valor de 15.000 euros, y otro con Ícaro Consultores en Comunicación SLU, de más de 17.000 euros.