La magistrada de Trujillo que ha estado investigando la posible comisión de un delito de prevaricación continuada del diputado por Extremadura del PP, y mano derecha de Teodoro García-Egea, Alberto Casero ha enviado la exposición motivada al Tribunal Supremo, único órgano competente para imputarle puesto que es aforado. En su exposición, a la que ha tenido acceso en exclusiva Elplural.com, la juez afirma: “Los hechos anteriormente descritos podrían constituir un delito continuado de prevaricación administrativa” y que “considera necesario para la continuación de la investigación la toma de declaración en calidad de investigado a Alberto Casero”.
Este juzgado, tal y como adelantó este periódico, ha investigado una serie de contratos, presuntamente otorgados a dedo por Casero. A este respecto, la magistrada informa que, “de las diligencias practicadas”, se desprende “la participación de Alberto Casero en los hechos ya relatados, siempre con carácter indiciario y a los efectos de sustentar esta resolución, se deriva de su condición de alcalde y de su participación en calidad de tal de los contratos reseñados e identificados, efectuando dicha contratación omitiendo el procedimiento legalmente establecido”.
Los contratos
En su exposición razonada, la magistrada repasa los contratos supuestamente dados a ‘dedo’ de Casero. Primero hace referencia al contrato que el Ayuntamiento de Trujillo firmó con el psicólogo Pablo Bonilla para atender a mujeres víctimas de violencia de género. Unos servicios que supuestamente nunca realizó pero que cobró.
Cobró “cuatro facturas por importe de 6.120 euros correspondiente a las sesiones que alegó haber realizado de marzo a junio. Seguidamente, Casero suscribió un contrato menor de psicología con una duración de un año por un importe de 18.000 euros”.
“El investigado no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó el expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio. Tampoco consta que Pablo Bonilla realizara efectivamente los servicios por los que presentó factura de julio a octubre de 2017, y ello teniendo en cuenta que las actividades relacionadas con las víctimas de violencia de género se canalizaban a través de la Comisión de Violencia de Género, a la que no le consta ninguna actuación de Bonilla”, esgrime la juez.
En siguiente contrato bajo sospecha que explica la juez es el firmado con la Cámara de Comercio de Perú por 25.000 euros. Sobre este contrato dice que “Casero no informó a los servicios económicos, ni jurídicos del Ayuntamiento de Trujillo, ni aportó copia de dicho convenio a la Intervención del Ayuntamiento. El referido convenio no fue aprobado previamente, ni en el pleno, ni por resolución de alcaldía, y el mismo no se sometió a información pública, ni se publicó en el BOE”.
La juez matiza que si este contrato no se considera convenio, sino contrato de patrocinio, “el investigado no podía adjudicarlo directamente, pues al superar os 18.000 euros precisaba de licitación, lo que no hizo”.
El tercer contrato que la magistrada expone como irregular es el “acordado verbalmente” con la Asociación Cultural Bon Vivant, para la gala anual de entrega de premios Pop Eye por valor de 18.000 euros. Asevera la exposición razonada que Casero “no informó a los servicios competentes del Ayuntamiento, no tramitó expediente administrativo de contratación. Ni al ser un contrato menor por el importe, tampoco incorporó, como debía, un informe del órgano de contratación que motivara la necesidad del contrato y la aprobación del gasto”.
Por último, la exposición razonada hace referencia a otros dos contratos, a juicios de la magistrada igual de irregulares que los anteriores. El primero es el firmado con la empresa Ícaro Producciones por 14.303 euros, para la organización de la Feria Internacional del Queso. El segundo, el de Radio Interior SL de 15.000 euros, para que llevaran la comunicación y promoción de la citada feria del queso. Como en los contratos anteriores, según la juez, Alberto Casero presuntamente se saltó la Ley de Contratación del Sector Público.
Pero, además de la explicación de todos los contratos, la juez expone que, en un segundo informe, la Fiscalía, como ella, presume de “la existencia de indicios de comisión por parte de Alberto Casero de un delito continuado de prevaricación administrativa del Art. 405 del Código Penal”.
Al Supremo
En sus conclusiones, la magistrada de Trujillo dice que se dirige a la Sala Segunda “pues podría existir indiciaria responsabilidad penal en un diputado”, Alberto Casero. También añade que la exposición se eleva “una vez delimitado el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, los indicios racionales de criminalidad que los sustentan, los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada (Casero) y su calificación jurídica”.
Tras todo lo anterior, la juez es clara y asevera que “considera necesario para la continuación de la investigación la toma de declaración en calidad de investigado a Alberto Casero”.
