Alberto Casero recordará el mes de febrero de 2022 como uno de los peores momentos de su vida para siempre. A su error votando en el Congreso de los Diputados, que supuso la aprobación de la reforma laboral, se une ahora que la magistrada de Trujillo que investiga al diputado por corrupción, tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com, por fin ha terminado de practicar las diligencias que restaban y ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que explica todos los indicios contra Casero. La juez solicita que se le impute en este tribunal, único competente al ser Casero aforado.
Así, será ahora la Sala Segunda del Alto Tribunal la que deba decidir si imputa o no al que está considerado como la mano derecha de Teodoro García-Egea. Como ha adelantado ElDiario.es, la magistrada ha enviado, junto con la exposición razonada, todo el sumario para que el juez que instruya la causa, en caso de ser admitida, tenga todas la pruebas recabadas hasta la fecha sobre la mesa.
Caso Casero
Alberto Casero Ávila, diputado del Partido Popular en el Congreso y miembro del Comité Ejecutivo nacional de Pablo Casado, estaba siendo investigado por los tribunales de Trujillo. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de la localidad cacereña le imputaba un supuesto delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos a dedo en su reciente etapa de alcalde de Trujillo, en los que se habría saltado la Ley de Contratación del Sector Público.
El procedimiento contra Casero está, a día de hoy, pausado gracias al aforamiento del que disfruta como miembro del Congreso de los Diputados y por el que solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. Es por ello que la magistrada de Trujillo se ha visto forzada a enviar el caso al Alto Tribunal.
Los problemas judiciales de Casero se derivan de su pasado como alcalde de Trujillo (Cáceres) entre 2011 y 2019. Por esta etapa, Casero fue denunciado por la fiscal jefe de Cáceres, Marta Abellá-García Macho el pasado 15 de junio. Según la denuncia a la que ha tenido acceso ElPlural.com, “durante los años 2017 y 2018 llegó a acuerdos, contratos o convenios con terceros, para que prestaran servicios para el ayuntamiento, sin que se siguiera el procedimiento administrativo legalmente establecido, sin informar a los órganos competentes del ayuntamiento, en el que no había constancia de los mismos o, en algún caso, con advertencia del interventor”.
