El Ministerio de Sanidad obtuvo un informe de la Abogacía del Estado el pasado 27 de agosto con el que ya podía semiconfinar a las 10 grandes localidades de la Comunidad de Madrid tras el aumento de los contagiados de coronavirus.
Según el documento publicado por La Información, Sanidad tenía en su poder el archivo mucho antes de las reuniones de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la región. El informe podría ser aprobado, sin necesidad de consenso, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Ejecutivo central decidió llevar a cabo la reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid aún sabiendo que las medidas de restricción serían aumentadas aunque fueran bajo la orden conseguida a través de la Abogacía del Estado.
Sanidad solicitó el archivo de análisis de la región de forma "urgente" y con el documento en la mano, decidió reunirse con el Gobierno de Ayuso y crear el Grupo Covid en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de España tiene mayoría en el Consejo Interterritorial, por ello usó el informe de la Abogacía en las reuniones del Grupo Covid para aumentar las restricciones en la región.
El Ministerio de Sanidad sabía desde hace más de un mes que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) derogaba cualquier carencia de validez jurídica al informe de la Abogacía del Estado.
