Melissa Cook fue contratada por un funcionario de correos en 2015, en California, para ser vientre de alquiler de su semen y un óvulo de una veinteañera anónima. A Melissa le implantaron 3 embriones que se desarrollaron contra todo pronóstico y, ante la perspectiva de que llegaran a sobrevivir los tres bebés, el 'subrogador' le exigió que abortara a uno y le entregara los otros dos para dar en adopción al segundo y quedarse con el tercero. Quería ser padre de un solo niño aún a costa de descartar dos. Así de crudo. Con estos antecedentes, se podría inferir que esta persona no estaría capacitada para ser padre. Y  no superó ningún control.  Es uno de los paradigmas de la problemática del alquiler de vientres, en cuanto al acceso a la misma se refiere: es un negocio en el que solo importa el cliente y satisfacer la demanda de un producto y, por lo tanto, dan lo mismo los derechos de las mujeres y recién nacidos. 

Mucho se habla estos días del alquiler de vientres, pero nada o casi nada de las adopciones, el único método legal para acceder a la paternidad y a la maternidad en España, cuando la biología lo impide. Es indiscutible que la alternativa a la "gestación subrogada", eufemismo que esconde la explotación reproductiva del cuerpo de las mujeres, se encuentra en el sistema de adopciones nacional e internacional. Y plantear en términos absolutos la necesidad de regular una práctica de por sí cuestionable éticamente sin prestar un mínimo de atención a sus alternativas posibles y su problemática, dice mucho de los valores humanos de quienes quieren regularla. 

Es una necesidad social y democrática reivindicar las adopciones, por diferentes razones, entre las que se encuentran las necesidades de cariño, cuidados y protección de 150 millones de menores en el mundo, que necesitan una familia, y están en situación de abandono. Paradójicamente, mientras los países para adoptar se van cerrando por la inacción de las administraciones, por esta misma razón, se van abriendo nuevos mercados para alquilar mujeres que gesten y paran para otros, como un terrible mercado de la carne. En 2014 entraron en España los mismos niños por adopción internacional, unos 850, que por gestación subrogada, pese a ser ilegal esta última, aprovechándose del interés superior del menor y forzando al Estado a reconocer una situación que está prohibída en nuestro ordenamiento jurídico. A fecha de hoy, es más que probable que la subrogación haya superado con mucho las adopciones. Y esto no genera ningún debate entre quienes nos oponemos.  La política ha abandonado sus obligaciones en el asunto de las adopciones, y es algo que debe, urgentemente, ser abordado. 

En España existen 18 mil menores que buscan una familia y que están en manos de diferentes instituciones, en su mayoría privadas, y cuyo bienestar debería ser una preocupación colectiva. Pero les hemos abandonado a su suerte, olvidándonos de su existencia. Porque lo que no se ve, no existe, y por lo tanto no preocupa. Ellos y ellas tienen esa doble carga con la que luchar, la del abandono primero y la del olvido después. Y algún día, cuando sean personas adultas se darán cuenta de que que cuando más necesidad de ayuda, cariño y sonrisas necesitaron, otros iban a comprar niños y niñas al extranjero, explotando mujeres en situación de necesidad y vulnerabilidad. Todo vale cuando quieres que tus hijos e hijas tengan tus genes, mejorando la especie y propagando una visión del mundo individualista y particularmente egoista. Por muy altruista que digas que es tu causa. 

La burocracia lo complica todo. Si en el alquiler de vientres hablamos de negocio, en el sistema de acogida de menores en situación de adopción, también tenemos que hablar de una vía de financiación que llena las cuentas de las instituciones que se encargan de atender a estas personas menores. ¿Por qué estas instituciones, orfanatos, iban a facilitar las adopciones si reciben un dineral por cada menor que atienden? Además, la falta de un registro estatal que contemple la existencia los niños y niñas con posibilidades de ser adoptados en las distintas Comunidades Autónomas imposibilita la fluidez del sistema. Quizá en Madrid las familias adoptantes lleven años esperando una personita mientras a una hora en coche, en Toledo, haya una personita esperando una familia. Un absurdo al que nadie pone arreglo, incumpliendo la Ley 26/2015 de Protección de la Infancia y Adolescencia que ya establece la creación de ese registro esencial y que facilitaría las adopciones. 

Por desgracia ninguna administración quiere modernizar y agilizar el sistema de adopciones y todas se lavan las manos, a pesar de aprobar todos los partidos por unanimidad Proposiciones No de Ley que instan a buscar soluciones a este problema. Y debe ser una exigencia de los movimientos sociales, de los mismos que nos posicionamos en contra del alquiler de vientres y de la explotación reproductiva perfeccionar el sistema. Porque se trata de defender los derechos humanos, de las mujeres, pero también de las niñas y niños en situación de vulnerabilidad y desprotección. Un enfoque integral de derechos que, ante nuestra negativa a la regulación del mercado de los vientres, debe constituirse como una solución. 

Decía una campaña de sensibilización sobre adopciones, en los años 90, que los niños y niñas necesitados de una adopción "no tendrán tu boca, pero sí tu sonrisa; no tendrán tus ojos, pero sí tu mirada". Porque la genética no es determinante ni importante para formar una familia y porque merecen una oportunidad. Y ese camino sí es altruista, solidario y un verdadero camino de amor, cuidados, realización personal y cariño que no busca cumplir con los deseos de los padres ni de las madres, sino con las expectativas de vida de los menores, que son los únicos merecedores de que se cumplan sus deseos.