En 2015, un grupo de activistas que protestan contra la pertenencia de España en la OTAN se encadenaron a dos tanques tras colarse en el puerto militar de Sagunto, Valencia. Ahora, aunque la Justicia les ha absuelto de los cargos que se les imputaban, se enfrentan a la famosa Ley Mordaza. Nada más y nada menos que 2.400 euros de multa.
Los ocho activistas del grupo Antimilitaristes-moc accedieron a la zona del puerto de Sagunto usada para la carga y descarga de material militar, aprovechando una abertura en la tapia del recinto. Cuatro personas se encadenaron con tubos metálicos a las cadenas de dos tanques Leopard daneses que se dirigían al campo de maniobras de Chinchilla (Albacete), tanques que iban a participar en maniobras internacionales.
El bloqueo se prolongó durante unas horas, hasta que personal de los GRS de la Guardia Civil liberó a los activistas cortando los tubos con una sierra radial portátil. Seis activistas fueron detenidos y liberados varias horas después; aunque cuatro con cargos de “desobediencia” y “desórdenes públicos”.
Se enfrentaron a penas de hasta un año de cárcel y multas que podían alcanzar los 12.000 euros. El 29 de noviembre de 2016, el Juzgado nº1 de Sagunto les absolvió considerando que no habían cometido el delito leve de "daños".
Les 'persigue' la Ley Mordaza
Sin embargo, el hecho de que fueran absueltos en la vía de lo penal, no impidió que Delegación de Gobierno activara las denuncias por faltas graves por “intrusión en instalaciones donde se prestan servicios básicos para la comunidad, causando interferencia grave en su funcionamiento”.
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Este supuesto delito está regulado por la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Y es que, esta ley pena la “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones” así como la negativa a identificarse; aunque los activistas sí lo hicieron. Pero también la negativa a disolver reuniones o manifestaciones cuando lo ordene la autoridad, las conocidas como "sentadas". Todo ello se considera una pena grave que puede ser sancionada con multas de entre 601 a 30.000 euros.
Por ello, los cuatro activistas que se encadenaron podrían enfrentarse a unas multas de 601 euros cada uno, 2.404 en total.
Recurrirán las sanciones
Por el momento, el grupo anti-OTAN ya ha anunciado que recurrirán las sanciones y denuncian “la apropiación militar de infraestructuras básicas como los puertos para llevar a cabo ensayos de guerra e intervención militar para reforzar el dominio militar de los países de la OTAN”. En su opinión, esta realidad “no puede considerarse en ningún caso un ‘servicio básico a la comunidad’, sino más bien todo lo contrario”.
Y recuerdan que “la respuesta represiva contra esta acción noviolenta ha sido una de las primeras aplicaciones en toda su amplitud de las “leyes mordaza” (Reforma del Código Penal y Ley de Protección Ciudadana) contra una acción consciente de desobediencia civil desde que entraron en vigor a mediados de 2015”.
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“Esperamos que estas acciones motiven a otras personas a emplear también la desobediencia civil noviolenta para entorpecer el funcionamiento de la maquinaria de la guerra, bloqueando o negándose a colaborar por ejemplo con el transporte desde puertos españoles de armamento que será probablemente empleado por las fuerzas armadas saudíes en la guerra de Yemen”, declaran desde Antimilitaristes-moc.
Creen que su acción puede servir de inspiración a movimientos de otros lugares del mundo que, como en Siria, donde “han resistido con la noviolencia a la brutalidad de las armas de su propio Ejército”.
