“Llevábamos ya casi cinco minutos con los brazos en alto, no cambiamos ninguna frase entre nosotros, la situación producía ya un inquietante terror, los teníamos a tres o cuatro metros. En un momento comenzó el sonido seco de las detonaciones, yo caí al suelo y me sentí paralizado, distinguí por encima de mi cuerpo el de Lola González Ruiz, totalmente ensangrentado. El suelo se había vuelto un charco de sangre. Superada la parálisis del terror, volví en mi, solo estaba herido en una pierna. El cuadro era dantesco”, así describe a ElPlural.com Alejandro Ruiz Huerta, uno de los supervivientes de la matanza de Atocha, lo que vivió aquella noche del 24 de enero de 1977.

Este episodio de la transición vuelve ahora a la memoria colectiva por la extradición de uno de los pistoleros que irrumpió en el despacho de abogados y arrasó con la vida de Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.

Carlos García Juliá fue condenado en 1980 a 193 años de cárcel, en 1991 le fue concedida la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España.

Desde ese momento comenzó su periplo por América Latina. Pasó por Paraguay, Chile, Bolivia, Argentina y Venezuela. La última parada del fugitivo fue Brasil, lugar en el que fue detenido después de 20 años huido de la justicia. Cuando lo arrestaron, García Juliá utilizaba una identidad falsa de un ciudadano venezolano.

La Audiencia Nacional había mantenido abierta la petición de búsqueda, detención e ingreso en prisión de García Juliá para que cumpliera en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo de Brasil autorizó su extradición a España, los magistrados consideraron que la petición de extradición del Gobierno español cumple los requisitos de doble tipicidad y doble castigo y que, además, la causa por la que se reclama a García Juliá no se refiere a crímenes políticos, sino a delitos comunes.

La noticia es recibida por Alejandro Ruiz Huerta, sobreviviente y director de la Fundación Abogados de Atocha con “alegría”, aunque si cree llega un poco tarde. “Ya estaba tardando” comenta. “La detención de García Juliá se produjo en diciembre”, recuerda. 

Pese a la espera, ha expresado que para los que vivieron la matanza todo esto es una “liberación” y ha recalcado que lo sucedido “ayuda a seguir creyendo en la justicia plenamente, algo que es difícil”. “Se lo debemos a los asesinados hace 40 años, a sus familiares y a los que salieron vivos, Miguel Sarabia y Dolores González” comenta sin mencionarse a si mismo.

“Queremos que se cumpla plenamente la ley, que se haga lo q se tenga que hacer, hay una situación de doble delito: lo que le falta de condena por aquellos brutales asesinatos y el segundo delito por quebrantamiento de la condena que tendrá que pagar”, subraya.

La noticia de la devolución a España del ultraderechista hace reflexionar a Alejandro Ruiz Huerta sobre la extrema derecha en la actualidad. “No hay que olvidar que es un peligro, en algunos comportamientos se observa una llamada a romper con la democracia”. La ultraderecha, “nos exige estar alerta y denunciar estas conductas”.

En este contexto, el director de la fundación denuncia la situación “lamentable” que se vive en Andalucía a causa de la Ley de Memoria Histórica. Reprocha que el nuevo Gobierno conformado por PP, Cs con el apoyo de la formación ultra Vox perpetra “una extraña voluntad de silencio” a la hora de reparar a las víctimas de la dictadura.

“Es imprescindible aunar a los especialistas para desenmascararlos, para decir las cosas como son y no como quieren que las digamos”, concluye.