El Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid ha admitido la querella presentada contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, y dos altos cargos del MInisterio de Sanidad, por un delito de imprudencia temeraria.
La querella, que fue presentada en abril por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, también se dirige contra Pilar Aparicio Azcárraga, directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad; y contra Faustino Blanco González, secretario general de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad.
Según el auto de la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, al que ha tenido acceso ElPlural.com, "de la lectura de la querella y de la documentación que se acompaña, y teniéndose en cuenta lo preceptuado en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, se estima que se ejercita la acción popular, como se indica en el apartado de identificación del querellante".
La querella apunta a la ocultación de información
La jueza explica que "se reanudan las actuaciones registradas en fecha uno de abril de 2020 a raíz del escrito de querella presentado por la Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena. Se impone al querellante, una fianza de 500 € para el ejercicio de la acción popular que se pretende, debiendo presentarse en metálico en el plazo de 10 días desde la notificación de esta resolución".
Según la denuncia de la asociación, tanto Fernando Simón como los dos altos cargos del Ministerio de Sanidad “ocultaron o informaron maliciosamente al Ejecutivo, dando lugar a que no se dictaran las medidas adecuadas en el momento oportuno, provocando con ello una infinidad de enfermos graves y de fallecimientos”.
“Existen modelos matemáticos basados en la experiencia china, que esta parte propondrá que se unan a autos a lo largo del procedimiento, que indican que un día de retraso en la adopción de medidas de distanciamiento social en el caso del covid-19 supone un incremento muy considerable en el número de infectados", añade la querella.
Falta de previsión en la compra de materiales
La Asociación de Usuarios y Consumidores José María Mena añade añade que “de la desinformación a la opinión pública" y “al Gobierno” por parte de los querellados se “desprende la falta de previsión en la compra de materiales (mascarillas, respiradores…) para combatir la pandemia. Cuando se ha querido adquirir, han tenido que competir con otros países que estaban previniendo la pandemia aunque no estuvieran en el estado de gravedad en la que se encuentra España".
"El retraso en la compra de respiradores es causa directa de la muerte de quienes los necesitan y no disponen de ellos, el retraso en la compra de material de protección es causa directa del contagio de personal sanitario, personal de las fuerzas armadas, del personal de transporte, y de todos aquellos que están arriesgando su salud o su vida para atender las necesidades perentorias de otros", dice la querella.
Otro juzgado archivó una querella contra Simón
A principios de junio, otro juzgado de Instrucción de Madrid, el número 34 archivó una querella presentada por la Asociación Española de Víctimas y Damnificados por el Covid-19 (ADAVIC-19) contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, al que le imputaban delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación y denegación de auxilio.
