El juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha enviado al Tribunal Supremo una denuncia presentada contra Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta, por un presunto delito de desórdenes públicos enmarcado en las manifestaciones o protestas que se llevaron a cabo en la calle madrileña de Ferraz, en las inmediaciones de la sede del PSOE, contra la ley de amnistía el pasado mes de noviembre de 2023.
Alvise, a un paso de la imputación
En la exposición razonada, el juez Hermenegildo Barrera señala que "existen indicios de culpablidad que han provocado la admisión de la presente denuncia por entender que la persona identificada pudiera ser autora del hecho delictivo de desórdenes públicos". Además, el titular del juzgado ha adoptado esta decisión toda vez que Alvise "ostenta la condición de diputado al Parlamento Europeo" como líder de Se Acabó La Fiesta y, por lo tanto, disfruta de la condición de "aforado ante la Sala Segunda del Supremo", recoge la resolución judicial.
El instructor incide en que, para el esclarecimiento de los hechos, hay que escuchar a Alvise "como investigado, con todas las garantías y derechos previstos en nuestro ordenamiento jurídico", por lo que envían la causa al Supremo. "A los efectos únicamente de esta exposición motivada debe concluirse indiciariamentela participación en la comisión de un ilícito penal del que pudiera ser autor Luis Pérez Fernández", sostiene el juez ante unos hechos que tuvieron lugar en noviembre de 2023 durante las protestas contra los amnistiados del procés frente a la sede del PSOE.
Presunta financiación ilegal
Este movimiento judicial se ha producido a penas unos días después de conocer que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama haya admitido a trámite una denuncia presentada por el empresario investigado en la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, contra el eurodiputado por un supuesto delito de financiación ilegal. Y es que el líder de Se Acabó la Fiesta recibió 100.000 euros de esta compañía para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo.
En un auto conocido el pasado viernes, el magistrado ha ofrecido al eurodiputado, que hace gala de su condición de aforado en las redes sociales, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el próximo 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa. Esta contará, además, con una pieza separada independiente para analizar la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones y a varios de sus administradores.
A juicio del magistrado, la actuación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada. En su resolución, el juez incorpora la denuncia de Romillo en la que relata los contactos mantenidos con el ultraderechista con la intención de que él obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado pudiera "financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal".
Cabe destacar que Alvise llevó a participar en un acto de promoción de esta plataforma, que cerró pocos días después de que explotara el escándalo, que pasa por que el difusor de fake news cobrara 100.000 euros en mano, en metálico y en negro, para financiar su campaña a las europeas a cambio de que el político lanzara la web de inversiones en criptomonedas. El propio dirigente ha reconocido haber recogido esta cantidad en las oficinas de la compañía.
