El escándalo de Alvise Pérez y su alianza con Madeira Invest Club sigue escalando en la justicia. Junto un mes después de que la Fiscalía anunciara su intención de abrir una investigación al líder de Se Acabó la Fiesta por recibir presuntamente 100.000 euros de parte de la citada empresa durante la campaña europea, ahora ha hecho lo propio la Audiencia Nacional, que ha ofrecido al eurodiputado la posibilidad de declarar de forma voluntaria bajo la acusación de cometer una posible financiación irregular con su formación.
Alvise, a la Audiencia Nacional
Este viernes se ha conocido que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia presentada por el empresario investigado en la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club, Álvaro Romillo, contra el eurodiputado Alvise Pérez por un supuesto delito de financiación ilegal. Y es que el líder de Se Acabó la Fiesta recibió 100.000 euros de esta compañía para financiar su campaña electoral al Parlamento Europeo.
En un auto, el magistrado ha ofrecido al eurodiputado, que hace gala de su condición de aforado en las redes sociales, la posibilidad de personarse en las actuaciones y declarar de forma voluntaria en el juzgado el próximo 20 de noviembre, así como aportar documentos, proponer diligencias de investigación y participar en la instrucción de la causa. Esta contará, además, con una pieza separada independiente para analizar la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversiones y a varios de sus administradores.
A juicio del magistrado, la actuación de Alvise Pérez en la promoción de la actividad presuntamente ilícita llevada a cabo a través del entramado financiero generado en torno a Madeira Invest Club pudiera dar lugar a su consideración como cooperador necesario en el delito de estafa agravada. En su resolución, el juez incorpora la denuncia de Romillo en la que relata los contactos mantenidos con el ultraderechista con la intención de que él obtuviera la promoción de sus servicios y el eurodiputado pudiera "financiar con seguridad y holgura su campaña sin persecución estatal".
Cabe destacar que Alvise llevó a participar en un acto de promoción de esta plataforma, que cerró pocos días después de que explotara el escándalo, que pasa por que el difusor de fake news cobrara 100.000 euros en mano, en metálico y en negro, para financiar su campaña a las europeas a cambio de que el político lanzara la web de inversiones en criptomonedas. El propio dirigente ha reconocido haber recogido esta cantidad en las oficinas de la compañía.
"100%. Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", es uno de los mensajes que recoge la denuncia de una conversación el pasado 27 de mayo. Así, el juez señala que los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos y acuerda abrir una pieza separada para investigar estos hechos. Indica, además, que los documentos que acompañan la denuncia la dotan de verosimilitud, de forma que concurren los requisitos necesarios para su admisión a trámite y la práctica de diligencias de investigación.
El denunciante, también investigado
Calama analiza en su escrito el delito de financiación ilegal de partidos políticos y explica que se trata de un delito de mera actividad, por lo que no requiere que se produzca el resultado, y tampoco cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta, sin necesidad de que se dé el resultado. Además, admitir la querella no quiere decir que vaya a haber una condena, simplemente se acepta el inicio de una investigación.
“En orden a la consumación la mera entrega, o la recepción, consumaría el delito, de forma que, conociendo que la aportación va destinada al partido, y que además infringe alguna de las prohibiciones de los artículos 5.Uno y 7.Dos de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, se estaría cometiendo el delito. No hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino sólo el hecho fáctico de la entrega del donativo en cuestión”, ha detallado en su escrito.
Eso sí, el juez asegura que el posible delito no solo enmarca a quienes reciben donaciones ilícitas para un partido, sino que también extiende las responsabilidades a “quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta”. Ante esto, Romillo también sería responsable y pasa de tener la categoría de testigo a investigado. Su investigación también se propone para el día 20 de noviembre. Alvise no se ha ponunciado, por el momento, al respecto.
