El instructor del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, Antonio Seoane, ha rechazado dar 24 horas a la Dirección General de la Policía para que dote a los agentes de toda España de material de protección ante la propagación del coronavirus, como reclama el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
El juez rechaza las medidas cautelarísimas
El juez Seonae rechaza, en su respuesta a la demanda del SUP ante el Juzgado de lo Social, las medidas cautelarísmas presentadas por el sindicato el pasado 28 de marzo porque considera que “la urgencia no ha de considerarse con razón a la gravedad del problema o del riesgo de exposición” e ironiza al sentenciar que “las medidas cautelares no tienen como finalidad el salvamento de la Humanidad o el Universo, ya nos gustaría, sino el mucho más modesto de asegurar anticipadamente lo resuelto en un procedimiento judicial".
La Policía, un colectivo expuesto al riesgo
El titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid da por acreditado la "gravedad de la crisis sanitaria, la insuficiencia de los medios de protección, el carácter de servicio esencial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el actual estado de alarma, la exposición incidental de los policías a los riesgos biológicos y su consideración del colectivo 'expuesto al riesgo' y el riesgo grave e inminente que la crisis representa para ellos". Sin embargo, añade que "no hay razones de urgencia" para acordar estas medidas cuando "hay posibilidad de obtener una pronta resolución sobre el fondo del procedimiento principal".
El juez considera que las alegaciones relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales no tienen sentido en una "pandemia imprevista e imprevisible" pues dicha norma "no es de aplicación al supuesto que nos ocupa de emergencia sanitaria bajo un estado de alarma". En este punto, Soane compara la situación que viven las Fuerzas de Seguridad con la de los soldados en un estado de guerra. “No es imaginable” que los sindicatos acudan a los tribunales para pedir que "se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionen balas a los soldados para evitar más muertes”.
Competencia de los Juzgados Contencioso-Administrativo
El juez Seoane rechaza que sean los juzgados de lo Social ordinarios los que deban ocuparse de una denuncia como la del SUP porque entiende que lo que hace es impugnar resoluciones administrativas del Gobierno o imponer al Gobierno decisiones administrativas "por la puerta de atrás", por lo que considera que la "competencia real" es de los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Remite a la Audiencia Nacional
El magisttrado añade que en caso de que pertenezca a la jurisdicción de lo Social por encontrarse ante un "conflicto colectivo", si la demanda afecta a todo el territorio nacional, como ocurre en el caso de las medidas solicitadas por el SUP, "la competencia sería de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que sería además la que debería pronunciarse sobre las medidas cautelares o cautelarísimas".
La sentencia llega tras una carta al Gobierno
El SUP y organizaciones representativas de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas (CCOO, AUGC y AUME), llevan semanas pidiendo al Gobierno medios de protección para los efectivos que desarrollan su trabajo en las calles ante la pandemia del coronavirus, y han advertido, en una carta reciente enviada a Pedro Sánchez de que "si no se adopta una rápida solución y aumenta la cifra de contagios y aislamientos entre los agentes, podría ponerse en serios apuros la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas". Según sus datos, hay más de 9.000 efectivos contagiados.
Las organizaciones reptresentativas exigían "con carácter inmediato, que se les dote de equipos de protección, que se les provea de test rápidos de detección del Covid-19 y, finalmente, que se organicen sus servicios de modo que quede preservado su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad en el ejercicio de su actividad" y preservar la salud de todos.
