La Dirección General de la Guardia Civil ha archivado el expediente contra el presidente y secretario de la Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) que se abrió el pasado mes de noviembre, después de que difundieran un comunicado en el que criticaban la ley de amnistía, mostraban su confianza en la judicatura y hacían un juramento para "derramar sangre en defensa de España y la Constitución".

Así puede leerse en la propuesta de resolución del jefe de la asesoría jurídica de la Guardia Civil, fechada al 11 de marzo y refrendada días después por el director general, Leonardo Marcos. En ella, el instructor "acuerda la terminación del expediente sin declarar responsabilidad" de los dos miembros mencionados, y les eximen de cualquier tipo de sanción.

El pasado 13 de noviembre, el presidente y el secretario de APROGC fueron expedientados por una falta muy grave recogida en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 12/2007. En concreto, los agentes vulneraron la "neutralidad política en el desarrollo de la actuación profesional" con su comunicado, que se titulaba 'La última barrera ante la derrota del imperio de la Ley'.

Por su parte, los expedientados recurrieron su sanción, de tres meses suspendidos de empleo y sueldo, por considerarla una "grave y dura medida cautelar". La sanción no fue completada porque el Tribunal Militar Central la suspendió "por considerarla absolutamente desproporcionada y no motivada", en palabras de la propia APROGC.

Ahora, la propia APROGC y el bufete PenalTech han mostrado su alegría de que los agentes no hayan sido finalmente sancionados, porque se ha logrado demostrar que "el comunicado fue elaborado por un despacho de abogados". La asociación ha lamentado también que su apertura de expedientes se diera con una "celeridad inusitada" por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la Dirección General de la Guardia Civil, motivo por el que los expedientados tuvieron que desplazarse hasta un cuartel para ser notificados.

A su vez, la Dirección General de la Guardia Civil abrió en noviembre otro expediente a Agustín Leal, portavoz de JUCIL, por motivos similares. En este caso, por los comentarios en redes sociales en los que trataba de, en su opinión, "felonía" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera defendido la ley de amnistía durante la celebración del Comité Federal del PSOE.

Agustín Leal fue nuevamente expedientado en marzo, esta vez por un discurso en una manifestación convocada en la Plaza de Cibeles de Madrid contra la ley de amnistía y para exigir la dimisión de Sánchez. En su caso, según fuentes de JUCIL, ambos expedientes continúan abiertos a la espera de la decisión del Instituto Armado.

El comunicado que les valió un expediente

Esta situación dinamitó con el comunicado que difundió APROGC en contra del acuerdo entre el PSOE y Junts: “Estamos dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía de España y de su ordenamiento constitucional”, rezaba el texto.

En el escrito difundido, esta organización señalaba que la Guardia Civil tiene en su poder "los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza". A su vez, señalaban que los jueces son los únicos garantes de la ley a los que supeditarán sus actuaciones, pues insisten en que "solo la Administración de Justicia tiene legitimidad constitucional y capacidad material para velar en este momento porque los principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en el artículo 9 de la Constitución no se conviertan en papel mojado".

"Observamos esperanzados el compromiso y tenacidad del Poder Judicial para mantener su independencia y esperamos que encuentre el camino para preservar el Estado de Derecho. En su labor encontrarán nuestro firme e indudable compromiso, en aras de garantizar la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente ante quienes sistemática y arbitrariamente demuestran vocación de situarse por encima de todos y la ley”, añadían, aplaudiendo al tiempo los comunicados lanzados por diferentes asociaciones judiciales y por el Consejo General del Poder Judicial ante tal cuestión.

"Observamos el pacto publicitado con profunda preocupación. Consideramos que pretende vaciar de contenido la misión constitucional que tenemos encomendada las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial. ¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años? ¿Cómo vamos a creer en que deberemos y podremos hacer cumplir la ley ante este mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas?", plantearon.

Además, y para sentenciar el texto, esta asociación recuerda que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen mandatado en el artículo 104 de la Constitución su “misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana".

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