Un Guardia Civil se jugó a la ruleta de una casa de apuestas 9.000 euros que habían sido intervenidos en una operación antidroga. El agente de la Benemérita ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a cinco meses de cárcel y diez meses de inhabilitación.

El hombre padecía problemas de ludopatía cuando ocurrieron los hechos que aquí se relatan. En un primero momento, la Fiscalía llegó a solicitar un año y once meses de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.

Finalmente, las dos partes llegaron a un acuerdo para rebajar la pena por la reparación del daño después de devolver el dinero gastado antes de la vista oral y al comprender que existía la eximente incompleta de alteración psíquica que sufría.

No solo la pena de prisión, el Tribunal le ha impuesto también al agente de la Guardia Civil una inhabilitación especial de diez meses para empleo o cargo público y la obligación de indeminzar los miles de euros defraudados a la Dirección General del Cuerpo, cantidad que ya había señalado en una cuenta bancaria judicial.

Para encontrar el origen de los hechos hay que remontarse al verano de 2020, cuando el instituto armado se ubicaba en la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Alicante. El suceso ocurrió en una operación antidroga en la que fue enviado al municipio murciano de Molina de Segura, donde encontró hasta 12 bolsas de marihuana y 9.000 euros en billetes de 20 y 50 euros en la inspección de un camión.

Todo lo que se incautó quedó bajo su custodia antes de pasar a disposición judicial. En el trascurso del tiempo, el Guardia Civil se desplazó de madrugada a un salón de juegos “con ánimo de enriquecimiento” localizado en la provincia de la Comunidad Valenciana. Allí estuvo más de ocho horas jugando, buena parte del tiempo a la ruleta, hasta perderlo todo. Tras ello, fue a la Comandancia del cuerpo de seguridad a entregar las sustancias incautadas, pero sin rastro del dinero, por lo que fue denunciado por el propio órgano al que él pertenece.

La resolución judicial dio por probado que el condenado padece una situación psíquica de ludopatía que le afectó de manera parcial en el momento en el que se jugó el dinero que había intervenido en la operación para la que había sido destinado. La misma sentencia suspende la pena privativa de libertad durante dos años, aunque no es firme, por lo que todavía puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.