El discurso en la apertura del año judicial de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha venido cargado de críticas al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y como no, al presidente del Gobierno, pedro Sánchez. Si bien no ha nombrado a Sánchez, ha sido evidente para los presentes en el acto que las palabras de Perelló iban dirigidas a él. "Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces" ha aseverado en el acto de apertura del año judicial.

Perelló ha proseguido diciendo: "Estas descalificaciones son impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional". Y ha proseguido asegurando: "Son aceptables el desacuerdo y la crítica, siendo ambos legítimos, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional".

Como justificación de determinadas actuaciones judiciales, como por ejemplo las del juez Peinado o la de su compañero del Supremo, Ángel Hurtado, la presidenta del CGPJ se ha descolgado diciendo: "En un estado de Derecho como el nuestro, toda actuación judicial tiene lugar en el cauce de un proceso, que se desarrolla con todas las garantías de audiencia y defensa, y es susceptible de ser revisada por otros jueces imparciales e independientes. Los posibles errores son corregidos en el seno del propio proceso judicial, que es sumamente garantista".

También ha dicho que "la sociedad no merece que los poderes públicos entren en descalificaciones ni en reproches mutuos", sino que lo que hace falta es que las instituciones funcionen con normalidad y que actúen al servicio de los ciudadanos, y con respeto y lealtad a las otras. "Y así lo hará el Poder Judicial", ha dicho.

La presidenta del Tribunal Supremo asegura que los jueces y magistrados "no obedecemos órdenes ni instrucciones de nadie en el ejercicio de nuestra función. Ahora bien, independencia no equivale a libre arbitrio. Al contrario, como proclama la Constitución, estamos sometidos al imperio de la ley, es decir, al Derecho. Lo característico de la independencia judicial es, precisamente, que nuestro único marco de referencia es el ordenamiento jurídico. Esa es la fuente de nuestra legitimidad y la garantía de que la justicia se administra sin más guía que el Derecho".

"La independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla, porque constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional: la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos", ha expresado.

Ley Bolaños

En su discurso, la presidenta del CGPJ también ha tenido tiempo para dejarle un 'recadito' al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y su dereforma de la ley de acceso a la carrera judicial. Así, ha dicho, utiizando de percha la falta de jueces: "Ahora bien, ese necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional. Las reformas que en el futuro puedan plantearse en el sistema de selección deben respetar siempre sus principios esenciales: la publicidad, la objetividad de las pruebas, que se basa en un control del conocimiento del Derecho exhaustivo, y la transparencia. Estos principios garantizan jueces independientes y con plena autonomía personal".