El próximo 2 de junio, el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, dirimirá el cese de su secretario general, José María García, tras ser denunciado por cargar a la tarjeta de la organización gastos considerados "superfluos", como el alquiler de un coche de alta gama, "una comilona de 1.000 euros", zapatos y hasta "compra de medicamentos, concretamente Viagra", según se desprende de la denuncia de un afiliado presentada ante un juzgdo de Móstoles (Madrid).

Según esa denuncia, presentada en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Móstoles, "el Comité Ejecutivo Nacional ha mirado los gastos del actual secretario general del sindicado, señor José María García Fernández, y ha descubierto lo que considera 'gastos no autorizados'", en "los movimientos, cuentas y gastos" de la organización. 

Bebidas alcohólicas, una impresora 3D y Viagra

A continuación, la denuncia detalla esos gastos, entre los que se incluye la "compra de medicamentos, concretamente Viagra, por un valor cercano a 24 euros", "bebidas alcohólicas a altas horas de la noche por un valor de 24 euros la copa", "zapatos por un valor de 150 euros", el "pago de la Inspección Ténica de Vehículo personal de José María García", "una impresora 3D por un valor de 3.000 euros pagada en Murcia y que no se sabe dónde ha terminado".

En el listado aparecen, además, "pagos de una comilona de 10 personas con un valor elevado de unos 1.000 euros, un menú cercano a 100 euros por persona, concretamente en Almería", así como "el alquiler de un vehículo de alta gama Citroen DS Crossback, valorado en 57.000 euros, cuyo alquiler se aproxima a 930 mensuales".

La cúpula de Jupol apartó a García

En un comunicado difundido el 12 de mayo, Jupol, rama policial de Jusapol, anunció la convocatoria de una asamblea extraordinaria para cesar a su secretario general, José María García, tras conocer los citados gastos y le impidió el acceso a los fondos.

En su escrito, remitido a todos sus afiliados, Jupol explicaba que cinco de los seis miembros de la junta directiva del sindicato, del que también forma parte José María García, habían decidido convocar una asamblea para votar el cese de su secretario general por motivos "ampliamente conocidos por todos" y señalan a su "modo de gestión personalista" y la existencia de "gastos no justificados".

Desde entonces, algunos comités regionales y provinciales han salido en defensa del líder de Jupol y no han reconocido a la gestora que dirige el sindicato desde principios del mes por considerarla "ilegal". Otros, sin embargo, apoyan a los miembros de la junta directiva en su decisión de cesar el secretario general.

Valencia y Vizcaya piden que se diriman responsabilidades

Este es el caso del comité de la Comunidad Valenciana, que ha exigido que se aclaren irregularidades de García. En un comunicado fechado el 19 de mayo, se afirma que "hemos tenido conocimiento de varios gastos de difícil justificación en el ámbito de la labor sindical y su representatividad, siempre desde el punto de vista del código ético y demás articulado recogido en nuestros estatutos".

"Una vez mas hemos podido comprobar que esas facturas fueron aportadas por el secretario general a la contabilidad de JUPOL y así constan en los balances financieros. Este hecho no se entiende si no es para que el sindicato abone los mismos al representante sindical por cuestiones de representación como hacemos todos los representantes cuando así ha correspondido", añade el comunicado. 

Por su parte, la dirección del sindicato en Vizcaya ha remitido a los afiliados otro comunicado, en el que explican que cuatro de sus miembros se han desplazado a Madrid "para comprobar o desmentir toda la información que a día de hoy corre por los grupos, chats y medios de comunicación en relación con las presuntas irregularidades cometidas" por el líder.

La rama sindical de Vizcaya también hace mención en su escrito a otras irregularidades cometidas por José María García, como su condición de administrador de una empresa constructora que ha recibido contratos públicos. El inspector lo ocultó a la Direción General de la Policía Nacional, que le retiró su puesto como vocal en el Consejo General de la Policía.