Abdulaziz Matar no entiende nada. Contempla una y otra vez las fotografías de su casa destrozada de Homs (Siria) y sigue sin comprender la pesadilla que está viviendo.
Se encuentra desde hace un mes, con su mujer Kenda Alzour y sus dos hijas, en el Centro de Acogida San Roque de Madrid, unas instalaciones del Ayuntamiento que gestiona Accem, una organización no gubernamental que trabaja con personas refugiadas, migrantes y colectivos vulnerables
Su vida transcurre ahora en unos barracones prefabricados situados bajo unas torres de alta tensión. Las instalaciones son precarias. Lamentan que los baños están muy lejos y son insuficientes para las 30 familias que comparten este espacio. Los pequeños, afirman, están sin escolarizar, no reciben clases de español y se consumen tras unas vallas que no pueden traspasar personas ajenas al centro.
“Nadie habla árabe, nadie nos entiende y no podemos decir las cosas que nos pasan”, le comentan con desesperación a Cristina Ankli, miembro de la Asociación Internacional de Ayuda Humanitaria, la entidad a la que han trasladado su angustia y desesperación en busca de aliento.
Sus quejas las comparten Ahmad Hamo y su esposa Soultana Shiro, otra de las familias sirias que viven en San Roque. Ellos llevan tres meses en España. Tienen dos hijos, una niña de nueve años y otro más pequeño. La mayor, sin embargo, tiene el comportamiento de una menor de dos y en ocasiones se muestra violenta. El padre, perdido, confiesa que como no sabe qué hacer y nadie le ofrece respuestas, por ello, incluso, llega a atarla en ocasiones.
Víctimas del convenio de Dublín
Este medio se ha puesto en contacto con Accem y el Ayuntamiento de Madrid para conocer qué está pasando en San Roque. El Consistorio todavía no ha ofrecido una respuesta. Carmen Creanga, por su parte, coordinadora del proyecto que se desarrolla en este centro y en el de Valdelatas, también en la capital, explica que estos módulos, que concede el IVIMA y Accem mantiene, se crearon en 1999 para familias rumanas de etnia gitana que estaban en Malmea. “Se trata de un proyecto de intervención sociocomunitaria con familias inmigrantes”, apunta. “La idea es que estén un año con nosotros y luego puedan ocupar viviendas normalizadas, tuteladas por nosotros o de alquiler”.
Creanga expone que estas familias de refugiados sirios están en San Roque porque son “devueltas por Dublín y no entran en el Sistema de Familias de Protección Internacional”. “Han disfrutado de unas ayudas en España y al irse a otro país es como una baja voluntaria, pierden los derechos”.
En realidad, Abdulaziz y Ahmad son víctimas, como muchos otros migrantes, del Tratado de Dublín, un convenio que establece que “el primer país en el que se ponga la huella es en el que se tiene que quedar la persona refugiada”, aclara Cristina Akli.
La familia de Abdulaziz no había pisado España. Hicieron la huella en la embajada española del Líbano. Después viajaron hasta los Países Bajos, donde estaba el hermano del padre, que tenía trabajo y una habitación en su casa en la que acoger a sus familiares. Sin embargo, una vez allí, pararon un día en la calle a Abdulaziz, mostró sus papeles y le obligaron a viajar a España.
“Los migrantes no saben esto”, subraya Akli. “Les hacen firmar papeles que ni entienden”, denuncia. “Dublín se tiene que eliminar porque es indignante. Lo han hecho los países centroeuropeos para que nos les lleguen a ellos los refugiados” lamenta.
Abdulaziz sabe ahora que no puede estar con su hermano, pero no acaba de entender porqué.
Un proyecto para familias inmigrantes
Desde Accem reconocen que “las instalaciones son antiguas” y que “se podría invertir más dinero para hacer otras”. Recalcan, no obstante, que estas familias sirias “están en un proyecto que les da acogida, pero en el que no deberían estar”. “No es lo mismo una familia inmigrante que una de protección internacional”, afirma Carmen Creanga. “Ellos vienen con otra perspectiva y con otro tipo de ayudas. Si estuviesen en otro programa tendrían otro tipo de servicio”, matiza.
“El proyecto está pensado para familias inmigrantes y para éstas si cumple el perfil”, subraya.
Con respecto a la escolarización de los niños, Creanga sostiene que “desde mayo el proceso está cerrado”, pero “si siguen con nosotros el próximo curso irán al colegio”.
Insiste en por las tardes hay dos horas de clases de distintas materias: castellano, habilidades sociales, escuela con madres y padres, perspectiva de género, …
Sobre la pequeña de nueve años a la que su padre ata afirma no tener constancia de ello. “Ninguno de los trabajadores ha percibido esto”, dice, a lo que añade que “la niña tendría que ir al Centro de Apoyo a la Familias (CAF)”.
Ahmad no entiende de siglas y pide ayuda. Mientras, la Asociación Internacional de Ayuda Humanitaria pide que les permitan acceder al centro para poner a disposición de las familias un psicólogo infantil, traductor de árabe, y clases de español.
