El exsenador de Podemos y habitual colaborador televisivo Ramón Espinar ha reaccionado de manera contundente a las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la declaración institucional de este viernes, con motivo de la condena emitida por el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. La Sala II ha impuesto a Álvaro García Ortiz una multa de 7.200 euros por delito de revelación de secretos y una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, además de dos años de inhabilitación.

En dicha declaración ante los medios de comunicación en la Real Casa de Correos de Madrid, Ayuso ha calificado la situación de ser “propios de una dictadura” y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma que “su juego ha llegado muy lejos” al actuar como en una “dictadura”, además de defender que España necesita “una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional”.

Una postura que Espinar ha criticado duramente a través de su cuenta personal en X - antes Twitter -, subrayando su asombro ante el discurso de la baronesa conservadora. Al expolítico le resulta "acojonante" que la presidenta y su pareja se "hayan bajado” al fiscal general del Estado “sin sentencia ni pruebas" y, pese a ello, aún "sale a contarte que esto es una dictadura contra ella".

Celeridad judicial y discrepancias internas

La polémica en torno al juicio contra Álvaro García Ortiz está cargada de controversia dado el carácter del transcurso del proceso judicial, emitiéndose el fallo a tan solo una semana de la finalización de las vistas, con los votos de dos magistradas que disienten el mismo y sin el conocimiento de los motivos que el Supremo encuentra para sancionarle. Además, a la peculiar resolución del caso se suma, a su vez, la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recortó partes de conversaciones para reconducir las pesquisas del caso y que, casi 150 días después, sigue sin elaborar un informe sobre Alberto González Amador que requirió la Fiscalía Anticorrupción en verano.

El juicio al fiscal general del Estado ha sido prácticamente exprés. Dos semanas en el Tribunal Supremo bastaron para que los magistrados, divididos, llegaran a sus conclusiones. El desfile de testimonios de los periodistas implicados fue la antesala de la última fase, que recayó en el propio García Ortiz, quien no hizo uso de su derecho a la última palabra, lo que provocó que el juicio quedara visto para sentencia.

Finalmente, a pesar de que los motivos aún se desconocen para la opinión pública, la Sala II emitió su veridicto por 5 votos a 2, condenando así al fiscal general y escenificando una clara división que se proyecta al conjunto de la sociedad. 

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