A las 16:50 del viernes, se oficializó a través de BOE la noticia que se había conocido horas antes: la aplicación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. Una decisión que llegó tras las tensiones de la autonomía, personalizada en su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Díaz Escudero, y el Gobierno de España. A ellas, se había sumado un día antes la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tumbó las medidas planteadas por el Ejecutivo para tratar de controlar la pandemia en la capital de España.
Ante esto, el presidente, Pedro Sánchez, y su equipo de Gobierno, se vieron obligados, tras un Consejo de Ministros extraordinario, a establecer el estado de alarma, el único arma jurídica que avalaba las restricciones de movilidad que se querían mantener en el territorio madrileño. Eso sí, antes de llegar a dicha situación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, planteó tres posibilidades a Isabel Díaz Ayuso: la primera era dar amparo a la orden recurriendo a leyes sanitarias autonómicas, como por ejemplo hizo el Gobierno de Castilla y León. La segunda pasaba por que la Comunidad de Madrid solicitara formalmente el estado de alarma para reforzarse la coordinación y cogobernanza. Y la tercera y más dura fue la que finalmente se tomó después de que la dirigente madrileña, en palabras de Illa, decidiera "no hacer nada".
De esta forma, Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz serán sometidas, en principio durante quince días, a las restricciones de movilidad que ya se estaban aplicando en las diferentes zonas: "Son las mismas medidas, pero con una cobertura jurídica diferente", explicó Ila.
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