El rey emérito Juan Carlos I ha decidido finalmente demandar al expresidente de Cantabria y líder del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Miguel Ángel Revilla, después de que fracasara el acto de conciliación celebrado el pasado viernes 16 de mayo en Santander. La demanda se presentará en los juzgados de Madrid y se centra en una serie de declaraciones del político cántabro que el emérito considera “injuriosas y atentatorias contra su honor”.
Según han confirmado fuentes del caso a Europa Press, Juan Carlos I exige no solo una rectificación pública, sino también una indemnización de 50.000 euros, al considerar que Revilla ha vertido expresiones ofensivas en diversas intervenciones televisivas, particularmente en programas emitidos en la televisión autonómica de Cantabria. Entre otras afirmaciones, el expresidente regional calificó al exjefe del Estado como “evasor fiscal” y puso en duda su comportamiento ético durante y después de su reinado.
Revilla, por su parte, se mostró desafiante tras salir del juzgado de Santander, donde tuvo lugar el fallido intento de conciliación. “No rectifico en nada de lo que he dicho, porque creo que es verdad”, declaró ante los medios. El líder regionalista aseguró que sus afirmaciones se basan en hechos conocidos públicamente y que no va a retractarse “por decir lo que piensa la mayoría de los ciudadanos”. Añadió además con cierto sarcasmo: “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”.
Mientras tanto, el rey emérito, que no asistió personalmente al acto —fue representado por su abogada, Guadalupe Sánchez, y su procurador—, optó ese mismo día por disfrutar de una jornada de navegación en Sanxenxo, localidad pontevedresa en la que suele dejarse ver en sus escapadas desde Abu Dabi, donde reside desde 2020.
El conflicto no solo enfrenta a dos figuras públicas de gran proyección mediática, sino que también reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de personajes públicos y exresponsables del Estado. Para muchos, el movimiento judicial del emérito tiene un claro efecto disuasorio hacia la crítica, mientras que para otros es una legítima defensa de su imagen ante afirmaciones que considera falsas y dañinas.
Lo cierto es que, si el caso llega a juicio, volverá a situar al rey emérito en el centro del foco mediático y judicial, en un momento en el que la institución monárquica continúa bajo la lupa de la opinión pública.
