Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal implicado en una macroestafa que ofertaba productos de inversión con una rentabilidad atractiva y que tiene como protagonista al grupo Herrero Brigantina, cuya principal sede se encontraba en Ponferrada, León. La cantidad defraudada se sitúa entre los 40 y los 70 millones de euros, afectando a multitud de ahorradores a nivel nacional. Los investigados utilizaban un entramado societario complejo, compuesto por 21 sociedades constituidas en España, Estados Unidos y Reino Unido, y una red de oficinas distribuidas en 27 provincias del país para ofertar sus productos.
Tal y como adelanta ‘El Bierzo Noticias’, el grupo contaba con un departamento comercial cuidadosamente seleccionado, compuesto por profesionales del sector bancario y de seguros, y realizaba campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de éxito. Esta estrategia les permitió ganarse la confianza de los inversores y ser premiados por diferentes organismos a nivel nacional. La operación policial, desarrollada en diferentes fases, ha culminado con el arresto de nueve personas –ocho en Ponferrada (León) y una en Madrid–, la práctica de siete registros, el embargo preventivo de nueve inmuebles y el bloqueo de productos de inversión y cuentas bancarias por un importe de más de dos millones y medio de euros.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una conocida aseguradora por el uso indebido de su marca por parte de un grupo financiero. Posteriormente, cientos de particulares comenzaron a interponer denuncias al no poder recuperar su inversión. Las víctimas habían invertido diferentes cantidades de dinero, que iban desde los 5.000 euros hasta los 2 millones de euros, en productos ofrecidos por diversas sociedades del grupo.
Así era el modus operandi
La macroestafa se realizaba utilizando un esquema Ponzi, en el que los nuevos inversores pagaban las rentabilidades de los inversores anteriores. Las pesquisas permitieron detectar movimientos en las cuentas que apuntaban a una inversión residual, con la que sería inviable devolver el dinero entregado por los inversores y mucho menos pagarles el beneficio prometido. Los primeros inversores consiguieron recuperar su dinero más intereses, pero el resto perdió sus ahorros o la mayor parte de los mismos.
Para ganarse la confianza de los clientes, el grupo creaba una gran infraestructura de oficinas desplegadas por todo el territorio nacional y contrataba a comerciales con experiencia a través de sustanciosas ofertas salariales. Además, pagaban la rentabilidad a los inversores que solicitaban el rescate, lo que provocaba que estos hablaran motivadamente de la gran oportunidad que se les había presentado. También realizaban campañas de marketing enfocadas a crear una imagen de empresa de éxito, que incluso les permitió ser premiados por diferentes organismos y reconocidos en distintos medios de comunicación.
Para reforzar la imagen de solvencia económica, falsificaron escrituras públicas de ampliaciones de capital millonarias que eran inexistentes. La investigación reveló que ni la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ni el Banco de España habían autorizado a las sociedades del grupo a operar en el ámbito de la inversión particular.
Tras el análisis de más de 130 cuentas tituladas por los investigados, los agentes determinaron que parte de los fondos se utilizaban para el enriquecimiento personal del principal investigado y su mujer, así como del resto de los integrantes del grupo. Otra parte importante de los fondos se destinaba a la expansión a nivel nacional, llegando a abrir hasta 29 oficinas por todo el país. Parte de los fondos también se utilizaban para pagar productos o servicios de lujo, como vuelos privados, alquiler de yates, vehículos de alta gama, relojes de lujo y estancias en hoteles de cinco estrellas.
El principal investigado huyó a Colombia
En un esfuerzo por recuperar la mayor cantidad de capital posible para indemnizar a las víctimas, los agentes localizaron y bloquearon posiciones bancarias a nombre del principal investigado y de las sociedades del grupo, así como vehículos y bienes inmuebles en España. A mediados del pasado año, el principal investigado comenzó a deshacerse de bienes inmuebles a su nombre y a expatriar capital fuera de España. Cuando su estructura empresarial colapsó y quedó en evidencia la estafa, huyó a Colombia. En diciembre de 2023, al regresar a España, fue detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En marzo, se realizó otro operativo policial en el que los agentes detuvieron a otras siete personas y registraron el domicilio del principal investigado en Ponferrada. En mayo, se llevaron a cabo varios operativos en los que se registraron el archivo central del grupo financiero y las oficinas de la sede del grupo. Como resultado, se incautaron varios discos duros y numerosa documentación relacionada con los hechos, incluyendo contratos de más de 200 víctimas.
Fruto de la investigación, los agentes han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las sociedades del grupo investigado, así como de los principales miembros del mismo, y pólizas de seguros. Se ha bloqueado una SICAV con más de un millón y medio de euros, 540.000 euros de cuentas bancarias, 48.000 euros de planes de pensiones y 120.000 euros de pólizas. Además, se ha realizado el embargo preventivo de nueve inmuebles.
