El Gobierno de Cibeles de José Luis Martínez-Almeida vuelve a enfrentar una nueva causa judicial ante protestas vecinales y ecologistas. En este caso, y sumado a otros que han estado bajo el foco mediático y político como es el caso del cantón de limpieza de Montecarmelo, se ha dado un nuevo giro al proyecto urbanístico de Ermita del Santo.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado el primer paso en favor de los vecinos del barrio que se personaron a través de la asociación vecinal SOS Ermita del Santo y con el recurso de Ecologistas en Acción. En esta medida judicial, calificaron el proyecto municipal de “pelotazo” por la pretensión de convertir el hasta ahora centro comercial del barrio Puerta del Ángel en un futuro complejo urbanístico a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana.
Bajo este contexto, fue el 30 de abril de 2024 cuando el Pleno de Cibeles dio luz verde, con el apoyo del PP de Almeida, la abstención de Vox y la negativa de Más Madrid y PSOE-M, a este proceso de remodelación de la Ermita del Santo por el que se valoraba la construcción de cerca de 600 viviendas –concretamente, 548- y la construcción de torres de hasta 23 plantas al lado de Madrid Río.
Más de un año de protestas vecinales
Cuando se dio a conocer el fondo y la forma de este plan urbanístico hace un año atrás, trascendió que se trata de un proyecto de carácter privado que, en palabras del Consistorio de Almeida, “permitirá a la ciudad ganar para sus vecinos casi un 70% de 44.349 metros cuadrados de superficie que, actualmente, son de dominio privado”. No obstante, las protestas vecinales que desde entonces se han ido agravando aducen a que, detrás de este plan, hay “un interés privado con fines especuladores”.
Entonces, los vecinos de Ermita del Santo insistieron en que el Ayuntamiento hizo caso omiso a “más de las 1.000 alegaciones presentadas” contra el proyecto, además de que no recibieron “ninguna comunicación oficial sobre la modificación”.
A su vez, el Ejecutivo de Almeida respaldó la elaboración de este plan en el descenso de actividad comercial en la zona, aduciendo así a “la obsolescencia de las edificaciones existentes” con casi nula actividad de las instalaciones; un punto al que también incluyeron “una barrera física y funcional” de las zonas verdes y la vida residencial en el entorno de Madrid Río.
Desde un primer momento, ya los vecinos advirtieron que la construcción nuevas viviendas agravaría el problema de la gentrificación en esta zona de la ciudad, lo que también perjudicaría a “los escasos recursos públicos ya insuficientes, la eliminación de zonas deportivas y uso común para sustituirlas por viviendas privadas”: “Nos oponemos al proceso especulativo que supone la recalificación de unos terrenos de uso deportivo y comercial que deben seguir siéndolo en beneficio del barrio”, sentenciaron entonces.
Remarcar que el proyecto inicial era aún más desmesurado en cuanto a sus dimensiones: la edificabilidad era de 21.000 metros cuadrados y terminó estrechándose a 12.500, disminuyendo a su vez la altura de las torres a un máximo de 23 pisos y ubicándolas más alejadas de las zonas residenciales. Sin embargo, estas modificaciones seguían siendo insuficientes para los vecinos de la Ermita del Santo.
Primer freno judicial al último “pelotazo” de Almeida
Ahora, con este nuevo revés judicial para Almeida tras la admisión a trámite del recurso de vecinos y ecologistas por parte del TSJM, el foco vuelve a situarse en la situación de a pie de este barrio. En un comunicado conjunto, las partes denunciantes aseguran que la zona de Ermita del Santo “no necesita rascacielos ni viviendas de lujo, sino dotaciones como más escuelas infantiles públicas, institutos, una biblioteca, centro de mayores, mejoras en los centros de salud o instalaciones deportivas públicas”.
Más de un año después, vuelven a insistir a su vez en que el proyecto “se ha impulsado a espaldas de la ciudadanía, sin consulta previa ni posibilidad de participación”, además de que dicha iniciativa aducen a que responde “al interés particular de la Socimi –fondo de inversión que adquirió el territorio en 2012 y con Ana Botella al frente de Cibeles- propietaria del centro comercial”, augurando así “impactos negativos” para los vecinos como “precios inasequibles” de vivienda o la proliferación de alquileres vacacionales.
El descontento vecinal se ha dado a su vez durante este periodo a golpe de manifestaciones y movilización en redes sociales en contra del dictamen del Ayuntamiento de Almeida y la Comisión de Urbanismo de Borja Carabante. En abril del pasado año, decenas de personas marcharon con pancartas que rezaban lemas como ‘La avaricia rompe el barrio’.
Con esta pretensión de pasar de un terreno centrado en zona comercial, deportiva y de ocio para ser de uso residencial con más de 400 nuevas viviendas y grandes torres, el horizonte a esperar queda situado en lo que dictamine la justicia madrileña y la continuidad de la voz vecinal en contra de la iniciativa de Cibeles.
