La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente y la Unión Progresista de Fiscales son las entidades que llaman a sus integrantes a la huelga que según señalan los propios jueces y fiscales en un manifiesto hecho público “lamentamos que, a pesar de haber expresado nuestra voluntad de desconvocar esta huelga si se hubiera producido una respuesta institucional suficiente, por parte del Ministro de Justicia no se haya adoptado ninguna iniciativa para desbloquear esta situación de conflicto”.
Paupérrima situación
Las reivindicaciones se resumen así: “Pedimos al poder político que abandone toda tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que contamos”. Los desahucios, la ley de tasas, la ley del indulto, la reforma que puede llevar a un mayor recorte de las competencias judiciales y de la independencia de los jueces, son algunos de los aspectos contra los que luchan los jueces. ().
Los conservadores, no a la huelga
Por su parte la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura tras argumentar su desacuerdo con esta reforma, justifica su decisión de no secundar la huelga convocada por las restantes asociaciones judiciales al entender que esa medida «no es la más adecuada en la actual situación de crisis institucional por la que atraviesa nuestro país». Sin embargo, «no podemos permanecer impasibles ante este ataque a la independencia del Poder Judicial». Por ello, «desde el dialogo y la razón», la APM exige la retirada del anteproyecto de ley en curso o, al menos, su modificación sustancial, de manera que se convierta en un verdadero instrumento para mejorar la Justicia en vez de una «intromisión política insoportable en el Poder Judicial».
Apoyo internacional
Mientras tanto, 15.000 magistrados y fiscales europeos se han solidarizado con la protesta de sus colegas españoles. Lo explican así: “Todas las asociaciones progresistas de jueces y fiscales en España han convocado manifestaciones para protestar una vez más la por la debilidad del sistema judicial español. Los recortes presupuestarios afectan directamente a la efectividad de los derechos de los ciudadanos. Además, una reciente ley que establece los costos legales como un elemento de disuasión en una cantidad significativamente alta, limita el acceso a los tribunales y provoca discriminación entre los ciudadanos en función de su renta”.
Socavar la independencia judicial
“El Gobierno español ha tomado iniciativas para socavar la independencia judicial mediante la limitación de las atribuciones del Consejo General de Poder Judicial. No es aceptable socavar la separación de poderes, fundamento del Estado de Derecho, con el pretexto de la crisis. MEDEL por tanto, apoya plenamente a los magistrados españoles y solicita la apertura de un diálogo para superar estos problemas. Ante el estancamiento resultante de la posición actual del Gobierno español, es legítimo que los jueces y fiscales españoles advierten la sociedad sobre la gravedad de la situación”.
