No era este martes, sino el anterior, la fecha escogida por el Gobierno para aprobar -por fin- el proyecto de ley de la reducción de jornada laboral. El apagón cambió los planes del Ejecutivo, dejándolo una semana más a merced del polvo del archivador de La Moncloa. Pero al séptimo día vio la luz y superó la primera de las muchas barreras que aún tiene que sortear una legislación que cuenta con el OK de UGT y CC.OO. La patronal, sin embargo, se niega en rotundo a aceptarlo. Como también lo hacen desde Junts Per Catalunya, quienes ya plantean una alternativa especial para la región como condición sine qua non para conceder sus siete votos en un pleno que promete enquistarse en un calendario de ajustado que prioriza otras cuestiones como la reforma del sistema de pensiones o la transición energética.
La iniciativa nació con la intención de Sumar de que el proyecto de ley culminase toda su tramitación antes de las vacaciones de verano de 2025. Varios factores han postergado el examen parlamentario de un articulado al que le falta consenso tanto dentro como fuera del Congreso de los Diputados. La vicepresidenta segunda del Gobierno y principal impulsora de un texto concebido en el pacto de investidura confía en todo transcurra sin problema alguno y convenza a los escépticos como a aquellos que valoran positivamente sus bondades pese a que les resulte insuficiente y mejorable.
Veto patronal
El camino por recorrer es largo, partiendo de la base de que el diálogo social no ha derivado a ninguna senda estable. Especialmente por parte de una patronal que se niega en rotundo a aceptar las premisas planteadas primero por el Ministerio de Trabajo y refrendadas por los sindicatos. CEOE y Cepyme cuestionan la viabilidad de un proyecto que no contempla una compensación especificada en términos de productividad laboral. Se aferran a un hurto de horas que rehuye el ajuste de la carga de trabajo.
En otras palabras, comparten la narrativa de la derecha de que la reducción de la jornada laboral de las 40 horas actuales a las 37,5 incrementaría los costes laborales en un contexto de mayor incertidumbre económica. Es más, la patronal se opone a que siquiera se consideren medidas en esta dirección por la existencia de enormes diferencias entre los sectores económicos y las comunidades autónomas. No ocurre así, en cambio, por parte de unos sindicatos que, si bien respaldan la iniciativa de Trabajo, encuentran complicaciones en su aplicación por la diversidad de ritmos y modalidades en su implantación.
Un calendario endiablado
La tarea de poner en el mismo plano a patronal y sindicatos es titánica. Al menos en el ámbito de la reducción de jornada, donde más chocan los agentes sociales. En el supuesto de reconducir el diálogo y que éste llegue a un puerto común, se topa con un problema aún mayor: un calendario ajustado y atiborrado de urgencias para el Gobierno. La coalición tiene varios documentos clave en lista de espera. Entre la carpeta de prioridades legislativas del Ejecutivo, la reforma de la jornada laboral no ocupa un puesto de privilegio.
Los planes de Moncloa circulan por otros lares. Concretamente por una renovación del pacto de pensiones en primer lugar, sin perder de vista el problema de la vivienda y el cumplimiento con los compromisos europeos en materia de transición energética. Este último punto, de hecho, ha subido en el escalafón de prioridades tras el corte de suministro del pasado lunes. De hecho, estaba previsto que el Consejo de Ministros del martes pasado aprobase el proyecto de ley de Díaz, pero el apagón incluso lo sacó del cuaderno del cónclave extraordinario del miércoles.
Tampoco ayuda el contexto internacional, marcado por la cruzada comercial de Donald Trump que, pese a estar en stand by, trae de cabeza al Ejecutivo por el encaje parlamentario de su plan anti aranceles, que se somete a la votación del Congreso este mismo jueves. Un día después de que Sánchez desgrane en el Pleno su proyecto para incrementar el gasto militar. Iniciativa que no pasará por la Carrera de San Jerónimo pero que resquebraja las alianzas del Gobierno con los grupos que auparon a Sánchez en la investidura. Especialmente con las fuerzas a la izquierda del PSOE e incluso con Sumar, aunque la presión que ejerce el socio minoritario no es la más contundente.
El factor Puigdemont
Así las cosas, la previsión actual es que el texto inicie su recorrido parlamentario tras el parón estival y, a partir de ahí, a acelerar en la negociación con los grupos. Será entonces, aunque ya es palpable, cuando Sumar se tope de bruces -directamente- con el factor Puigdemont. Partiendo del rechazo inicial de un PP que no cierra del todo la puerta a respaldar el debate, sino que se echa en manos de la posición y la narrativa de la patronal, los juntaires volverían a ser clave en otra votación endiablada.
Desde hace tiempo y en las últimas horas se han reafirmado en ello, Junts está poniendo sus cartas sobre la mesa. Como en el resto de refriegas con Moncloa, los neoconvergentes no venderán su piel a precio de saldo. Los de Miriam Nogueras anunciaron esta misma semana que presentarán una enmienda a la totalidad, reiterando el rechazo de su grupo al proyecto de ley de Díaz. Es más, lo catalogaron como “un ataque frontal a los autónomos y a las pymes de Cataluña”. Pese a escenificar un portazo al diálogo. Moncloa no claudica. Al menos eso se desprende de las dos fuerzas que conforman la coalición, que ven posible un acuerdo con los de Carles Puigdemont, aunque desde el ala socialista de la coalición advierten a sus socios de la complejidad que entraña una negociación con los siete de Junts.
Sobre todo después del encontronazo de la portavoz juntaire, Miriam Nogueras, con los magentas y, a su vez, con Comisiones Obreras (CC.OO.). "Se están cargando Cataluña y la clase media catalana", espetó la neoconvergente, que acusaba al Ejecutivo -concretamente a Sumar- de "importarle un rábano" todo mientras cuelen "su titular". De hecho, subió más la apuesta y aseguró que el Gobierno "ha tenido la mala suerte de toparse" con la formación independentista que supedita todo acuerdo a "Cataluña". "Lo tenemos muy claro: ni derecha española, ni izquierda española".
Sin salir del espectro diestro del arco parlamentario, el PNV mantiene bajo llave su opinión a pesar de acoger con cierta simpatía la iniciativa del Gobierno. Los jeltzales, ya sin Aitor Esteban al frente, remarcan en privado que la jornada laboral de 37 horas y media ya está en el sector público en gran parte del territorio de Euskadi. No obstante, sugieren que las complicaciones podrían surgir en el ámbito privado, sobre todo con perspectiva a las pequeñas y medianas empresas vascas. Por ello, se esperan a leer la letra pequeña del proyecto para fijar posición y poner sobre la mesa mejoras durante el cauce parlamentario.
La izquierda acoge con mayor optimismo la iniciativa magenta, pero lo hace con “matices”. Las principales fuerzas progresistas se muestran a “favor” de su tramitación, pero todas quieren meter la cuchara en el articulado. El BNG se ha mostrado “menos satisfecho” que otros grupos, aunque es Podemos quién se pronuncia con mayor vehemencia al respecto pese a que apoyaron la iniciativa de Sumar que instaba al Gobierno a cumplir con el acuerdo de investidura.
