Este sábado 25 de junio ha tenido lugar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, con el objetivo de discutir y aprobar un paquete de medidas anticrisis para hacer frente a los problemas más acuciantes del país, como la subida de precios y sus consecuencias en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Tras la reunión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa para enumerar y explicar las medidas acordadas, así como el impacto que tendrán una vez se produzca su aplicación.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha secundado las palabras de Pedro Sánchez a través de su cuenta de Twitter, publicando un hilo en el cual ha explicado y detallado todas las medidas anunciadas por el presidente en su comparecencia:

 

“Este Gobierno llegó con un mandato muy claro: dar certezas y protección a la gente en momentos difíciles. Por eso las nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros son una herramienta sólida para frenar el efecto de la subida de precios en la economía de las familias”, ha tuiteado Díaz como encabezado del hilo explicativo de las medidas.

 

 

 

 

 

 

 

“Todas estas acciones tienen un propósito muy firme: ayudar a las familias, acompañarlas y hacer menos difícil esta crisis. Somos un Gobierno de coalición determinado a seguir al lado de la gente. Sigamos trabajando para ampliar la protección a la ciudadanía”, ha concluido la titular de Trabajo.

Entre las medidas detalladas por la ministra y por el presidente del Gobierno, se encuentran una reducción del precio de los títulos de transporte público (50% para aquellos de titularidad estatal y 30% para aquellos que recaigan sobre las competencias de las comunidades autónomas), un tope al precio de la bombona de butano, un cheque de 200 euros mensuales para aquellas familias con una renta inferior a 14.000 euros al año, la aprobación de un impuesto extraordinario a las grandes empresas energéticas, un aumento del 15% en la cuantía de las pensiones no contributivas y la limitación de la subida de los precios de los alquileres en un 2% en función del IPC, así como la prohibición de los despidos motivados por el alza energética.