Aunque la campaña electoral para los comicios autonómicos y municipales de este 28 de mayo está copando toda la actualidad política, la actividad en clave nacional continúa. El Congreso de los Diputados, que esta semana no tiene actividad en un acto de fairplay con los diputados que se presentan a la batalla por las urnas, sigue acogiendo temas fundamentales en pleno año 2023 que pasan especialmente por lo digital. En concreto, tras plantear la regulación de la Inteligencia Artificial, ahora el debate se ha extendido a la limitación del acceso a la pornografía. Junts per Catalunya ha registrado en la Cámara Baja una iniciativa en pro de aumentar las restricciones para evitar el acceso de los menores de 16 años a los contenidos sexuales en internet con mayor control parental y digital. Los catalanes insisten así en su propuesta vía enmiendas para reformar la ley del solo sí es sí, rechazada por el PSOE en el proceso de negociaciones. "Merece un debate más sosegado", esgrimieron entonces.

Sin porno hasta los 16 años

Hace tan solo unos días que el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) ha publicado una Proposición de Ley Orgánica de refuerzo de las medidas para restringir el acceso de los menores de dieciséis años a la pornografía. Una iniciativa fechada a 19 de mayo registrada por Junts per Catalunya para solicitar un mayor control tanto parental como digital con el objetivo de limitar el acercamiento de los niños y jóvenes a todos los contenidos sexuales en las nuevas tecnologías. En el documento, la formación catalana comienza poniendo el foco especialmente en "el aumento del consumo de la pornografía" por esta parte de este grupo de población así como en "sus consecuencias sociales", especialmente la del "incremento de las agresiones sexuales entre menores". Por eso, esgrimen que "deben reforzarse legislativamente las medidas destinadas a restringir al máximo el conocido como uso problemático" del porno. 

"El consumo de la pornografía entre los menores es problemático porque genera relaciones sexoafectivas contrarias al respeto, al placer compartido y a la educación en la igualdad. El porno fomenta relaciones en las que el sexo no es necesariamente consentido, y en las que se normalizan las situaciones de dominio, e incluso la violencia, de los hombres sobre las mujeres", aseguran los catalanes nacionalistas, que destacan las "cifras impactantes" que recogen los estudios, como que entre un 15 y un 20% de los adolescentes de hoy han tenido su primer contacto con la pornografía entre los 7 y los 9 años; a los 14 , un 90% ha visionado contenidos sexuales mientras a los 16, solo entre un 5% y un 10% se autoexcluye de su consumo. Así, plantean para limitarlo la modificación de tres leyes, véase el Código Penal, la ley General de la Comunicación Audiovisual y la de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Más control y limitaciones

De esta forma, el partido independentista catalán plantea un reforzamiento del control en las plataformas de vídeos de contenido pornográfico que no tengan mecanismos de verificación de edad, lo cual es obligatorio. Según esgrimen, el texto "pretende, en primer lugar, establecer un marco penal que castigue a los directivos responsables de las plataformas de intercambio de vídeos o de distribución de contenidos audiovisuales, u otros prestadores intermediarios de este tipo de contenidos, que incumplan la obligatoriedad de contar con mecanismos de control para evitar el acceso de los menores de 16 años a dichos materiales audiovisuales, como establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual y en línea con lo que recoge la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia". Al mismo tiempo, también "contempla en su artículo 2 el castigo penal para quienes, a través de contenidos deepfake -imágenes creadas por IA- menoscaben gravemente el honor o la intimidad de una persona".

Extracto de la Proposición de ley de Junts para limitar el acceso al porno a menores de 16 años. BOCG

Extracto de la Proposición de Junts. BOCG

La propuesta de Junts pasa por reformar el artículo 46 de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para obligar a todas aquellas empresas que pongan a la venta en nuestro país dispositivos con acceso a internet -como móviles o tabletas- a que estos tengan activado por defecto el control parental para que únicamente pueda ser desactivada por un adulto. Además, plantea modificar el artículo 93 sobre supervisión y control de la ley General de la Comunicación Audiovisual para incluir la posibilidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pueda "realizar actuaciones inspectoras" en las plataformas de vídeos. En el caso de detectar que incurre en "infracciones", este organismo podría instar directamente a la empresa a cambiar sus protocolos y, si transcurrido "en un plazo de 15 días" no lo hecho, elevar sus quejas a la justicia para denunciar la situación y que esta ordene el cese de sus servicios. También podrá informar al Ministerio Fiscal para "que actúe en aplicación del Código Penal".

Los 'deepfake' o la IA

Al mismo tiempo, la iniciativa también establece medidas para limitar el uso de los deepfake, una técnica de creación de imágenes, vídeos o audios a través de sistemas de inteligencia artificial que suele manipular fotografías de personas, especialmente mujeres, sin su consentimiento con un uso mayoritario para el porno. En concreto, se introduce un nuevo apartado ocho al artículo 197 del Código Penal para regular la utilización de estos productos con penas de prisión de seis meses a dos años para los que difundan estas creaciones por cualquier medio y "menoscabe gravemente el honor o la intimidad de esa persona"; y una multa de uno a tres meses "a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones audiovisuales las difunda, revele o ceda a terceros sin el consentimiento de la afectada". Las penas serán "su mitad superior" si estas infracciones son cometidas por "el cónyuge, aquellas persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad o con una finalidad lucrativa".

Esta proposición de Junts per Catalunya responde a las peticiones referidas al PSOE durante las negociaciones de la reforma de la ley del solo sí es sí, que finalmente fue aprobada con el apoyo del Partido Popular y sin contar con Unidas Podemos. Tampoco con el Ministerio de igualdad liderado por Irene Montero y de donde nació precisamente la norma sobre la garantía de la libertad sexual. En este contexto, los catalanes propusieron vía enmiendas a los socialistas incluir las limitaciones al acceso de los menores de edad a la pornografía en esta legislación, algo que fue rechazado por el socio mayoritario del Gobierno de coalición. Estos esgrimieron que este asunto no tenía cabida en esta ley, por lo que -aunque "comparten" las peticiones- lo relegaron a un "debate más sosegado" y posterior ante las críticas del grupo parlamentario liderado por Míriam Nogueras.