Aunque la polémica inclusión de 44 exetarras en las listas electorales de EH Bildu para el próximo 28 de mayo ha monopolizado el debate público en las últimas semanas -un asunto que ha sido reconocido como un error a nivel interno a la luz de la decisión de no recoger el acta de los siete condenados por delitos de sangre en el caso de salir elegidos-, el partido vasco ha sido el socio más fiable del Gobierno de coalición en esta legislatura. Lejos del relato electoralista de la derecha y la ultraderecha con la vuelta al pasado de ETA, la formación abertzale ha tenido un papel primordial en las negociaciones para sacar adelante muchas iniciativas de índole social desde una postura no solo regional sino especialmente nacional.

Y es que mientras ERC defendía la creación de una suerte de netflix catalán, los vascos abanderaban el incremento de las pensiones de viudedad. O cuando Compromís pedía el AVE a Barcelona, los abertzales exigían que no se cortaran los suministros básicos a las familias vulnerables. Además, lograron junto a los catalanes arrancar un primer acuerdo para la reforma de la ley mordaza al PSOE con sus exigencias -las pelotas de goma y las devoluciones en caliente-, aunque finalmente los socialistas dieran marcha atrás. A pesar de las comparaciones, estas formaciones también han participado activamente de muchas iniciativas sociales, pero los vascos han sido un pilar clave en el impulso de medidas como la creación del Ingreso Mínimo Vital, el aumento de las pensiones o la implantación de un "escudo social".

Propuestas impulsadas por EH Bildu aprobadas

A pesar de ser fundamentalmente nacionalista, el partido abertzale ha impulsado a lo largo de esta legislatura muchas medidas sociales en clave estatal, algunas de ellas especialmente trascendentes para el devenir de los españoles, como la ley de vivienda. Los vascos no solo han participado activamente de las negociaciones para esta norma -la primera de la historia de la democracia en materia habitacional y en la que se establece un tope al alquiler, la limitación de los desahucios o un aumento del parque público-, sino que han impulsado también el límite al 2% para la renovación anual de los alquileres durante este año. Pero no es la única.

Otros cambios sociales impulsados por estas siglas han sido en materia de pensiones, en las que han logrado aprobar su propuesta para aumentar un 15% las no contributivas así como las mínimas de viudedad. Asimismo, la recuperación de la autoridad laboral de los ERES mediante la Inspección de Trabajo, normas para evitar las deslocalizaciones de empresas y la devolución de las ayudas obtenidas o prorrogar sin límite temporal la prohibición del corte de suministros básicos, que aún sigue en vigor. Al mismo tiempo, han impulsado la actualización y aumento de las cuantías de las indemnizaciones por accidente laboral, que llevaba más de diez años sin actualizar.

Junto a estos preceptos impulsados por EH Bildu, además han conseguido ver la luz parlamentaria otras en términos nacionales como la creación de un fondo de 25 millones de euros para las víctimas del amianto y otro de 12 millones para afectados por la Talidomida, así como un fondo de promoción cinematográfica en lenguas cooficiales de 10,5 millones. Ya en términos vascos, el partido liderado en el Congreso por Mertxe Aizpurua ha defendido y conseguido la aprobación de la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra o la gestión para la hacienda foral de los impuestos a la banca, las eléctricas y las grandes fortunas.

Medidas y leyes con el apoyo de EH Bildu

Y es que más allá de la polémica por las listas electorales para el 28 de mayo y las críticas por parte de la derecha por ser socio fundamental del Gobierno, EH Bildu ha sido vital en la aprobación de iniciativas sociales impulsadas por la coalición y los aliados en el Congreso de los Diputados. Entre algunas de las que han visto la luz verde gracias a su voto a favor se encuentra la revalorización de las pensiones al IPC, la aprobación del tope al gas, los ERTEs y todas sus prorrogas durante la pandemia o el conocido como "escudo social". Esta última, los vascos insisten en prorrogarlo al margen del coronavirus para ampliar la protección a todos los españoles más tiempo.

En este contexto, también han participado con su sí parlamentario de los decretos anticrisis impulsados por el Gobierno de coalición para hacer frente a la inflación por la invasión de Ucrania por parte de Rusia -en el que se incluyen mejoras como la ayuda de 20 céntimos para los carburantes, la congelación temporal de los alquileres, la subida del Ingreso Mínimo Vital o la ampliación del bono social eléctrico- pero también la creación del propio Ingreso Mínimo Vital, la derogación del despido por bajas médicas o el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). 

Los abertzales han facilitado asimismo la puesta en marcha de algunas leyes, como la regulación de los Riders, la Eutanasia, la protección de la infancia, la ley del cambio climático y transición energética por la que se prohíbe el puerta a puesta y el fracking gracias a sus enmiendas o la aprobación de la ley del solo sí es sí del Ministerio de Igualdad. Al mismo tiempo, los vascos han apoyado la supresión del delito que penaba a los piquetes informativos en las huelgas, una medida celebrada por los sindicatos y con especial impacto en Euskal Herria a cuenta del elevado número de movilizaciones y condenados por esta forma de protesta.