El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que tipifica como delito con penas de  cárcel la conducta de quienes participan en piquetes informativos durante una huelga, presionando a otras personas trabajadoras a apoyarla. El  texto pasa ahora al Senado para su debate por los grupos de la Cámara Alta. 

UGT considera que es un día de celebración para los demócratas de este país. El sindicato ha estado siempre contra esa normativa antidemocrática, desproporcionada e injusta que criminaliza a las personas que ejercen un derecho fundamental recogido por la Constitución Española.   

"La huelga es un derecho fundamental, manifestación de la libertad sindical y máxima expresión  democrática  del  conflicto  social  que  no  se  ha  podido  solucionar  por  la  vía  del  diálogo.  Sin  derecho de huelga no hay democracia, ni Estado social", reclaman desde UGT. 

Los  piquetes  informativos,  en  este  sentido,  son  instrumentos  de  difusión  y  publicidad  de  la  huelga,  reconocidos  y  garantizados  constitucionalmente  “con  funciones  de  información,  propaganda, persuasión a los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a  los  que  han  optado  por  continuar  trabajando”,  como  declara  el  Tribunal  Constitucional,  formando parte del contenido esencial del derecho de huelga. 

Anulación de sentencias

Además de la citada derogación, la ley aprobada contempla la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto, una condición  exigida por UGT y CCOO como consecuencia indispensable de la derogación del Art. 315.3 del Código Penal. 

En los años de gobierno del PP la acción concertada entre el Ministerio Interior con sus reformas legales (Ley Mordaza) y la acción de la policía y el Ministerio Fiscal llevó a una aplicación generalizada y abusiva del Art. 315.3, aseguran desde UGT, solicitando a sindicalistas que participan en piquetes penas de hasta 5, 7 y 8 años de cárcel. Ahí están  los casos de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o los de Airbús, Arcelor, Baleares, y un largo  etcétera.

Cerca  de  300  sindicalistas  se  vieron  amenazados  de  cárcel  por  ejercer  el  derecho  de  huelga  en  defensa de los trabajadores y trabajadoras y algunos de ellos entraron en prisión. La causa de esta actitud fue claramente política. Los sucesivos recortes en derechos laborales y sociales llevados a cabo por gobiernos de la  derecha dieron lugar a una multitud de protestas, especialmente de los sindicatos, muchas veces en forma de  convocatorias de huelgas generales y parciales. 

Han  sido  muchas  las  acciones  informativas,  de  movilización,  apoyo  y  solidaridad  internacional  a  los  compañeros  y  compañeras  que  sufrieron  las  consecuencias  de  este  artículo  del  Código  Penal.  "Ha  sido  una  pelea social, sindical y política en la que nuestras razones, que son las de  toda la ciudadanía, han terminado  dando sus frutos con la derogación del Art. 315.3 CP", celebran.

No  obstante, UGT  considera  necesaria  continuar en esta línea  de  recuperación  de los  derechos y libertades  arrebatados a la ciudadanía durante los años de la crisis, e insta a los grupos políticos a derogar la Ley Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de  Protección  de  la  Seguridad  Ciudadana,  más  conocida  como  Ley  Mordaza  por  impedir el ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y manifestación.