El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este jueves el laboratorio forense del Valle de los Caídos -actualmente rebautizado como Valle de Cuelgamuros-, para conocer de primera mano los trabajos de exhumación de 160 víctimas, cuyos restos han sido reclamados por sus familiares y que se encuentran en las criptas del enclave adscrito a Patrimonio Nacional. El Ejecutivo plantea resignificar el inmueble como centro de interpretación memorialista de cara al futuro.

No estaba en su agenda, pero Sánchez ha asistido este jueves por sorpresa, junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien recientemente confirmaba que el próximo 23 de abril el Consejo de Ministros aprobará una batería de medidas para desplegar la Ley de Memoria y continuar con los trabajos de exhumación. Así, ambos han visitado el laboratorio forense, para conocer de primera mano los trabajos de exhumación de 160 víctimas “cuyos restos han sido reclamados por las familias” y que se encuentran en este enclave.

Según precisan desde Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha recorrido la nave central de la basílica junto al expresidente canario y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Allí, Sánchez ha accedido al laboratorio forense del Valle de los Caídos, para posteriormente visitar las criptas o columbarios donde se encuentran los restos. En las labores de localización e identificación participa un equipo de seis médicos forenses y más de una veintena de investigadores especializados en historia, arqueología y genética.

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Trabajos de localización

Ya en el laboratorio, el equipo forense les ha desgranado las labores que se desarrollan en este enclave y que pasan, principalmente, por la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se sitúan en los columbarios; así como el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos; la toma de muestras para el análisis de ADN, elaboración de informes, fotografías y vídeos del proceso.

Entre las actuaciones que contempla la Ley de Memoria Democrática, está la “resignificación” como futuro centro de interpretación memorialista del Valle y la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz que desembocará en la expulsión de la congregación de los monjes benedictinos que aún residen en Cuelgamuros.

En el interior de los columbarios, Sánchez ha podido ver in situ los trabajos realizados, la disposición de las cajas con los restos en posición original, que se hallan muy “deterioradas”, así como las nuevas, dado que, tal como expone el Gobierno, se aprovecha la actuación para mejorar la ubicación de los restos.

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Batalla por la Memoria Democrática

En paralelo, continúa la batalla entre el Gobierno central y tres Ejecutivos regionales liderados por el Partido Popular y Vox a cuenta de la Ley de Memoria Democrática se recrudece. Moncloa ha anunciado este jueves que va a recurrir ante varias instituciones europeas e internacionales las iniciativas autonómicas sobre Memoria, que derogan la norma estatal, impulsadas por los gobiernos de populares y ultraderechistas en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana al considerar que estas son contrarias a los valores recogidos en el texto aprobado la pasada legislatura. Así, y tras llevar al Tribunal Constitucional el "blanqueo de la dictadura" por parte de estas Administraciones, los de Pedro Sánchez harán lo propio en Naciones Unidas, Parlamento Europeo y Consejo de Europa.

Según han informado fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, Moncloa va a elevar esta cuestión "por su gravedad" ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, ante el Parlamento Europeo y también ante el Consejo de Europa. Lo hace después de que esta misma semana anunciara que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si los Ejecutivos en coalición de Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana no retiran los puntos de las iniciativas que a su juicio vulneran el espíritu de la Ley de Memoria. De hecho, asegura que son "contrarias a los valores" que recoge la norma original.

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