Las exhumaciones de víctimas en el Valle de Cuelgamuros siguen. Tan solo unos días después de aprobar la paralización de los trabajos, la Audiencia Nacional ha levantado la suspensión cauteral de esta tarea, una decisión que ha tomado tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional. Así, este viernes el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 ha acordado levantar las medidas cautelarísimas que paralizaban estas operaciones que acordaron el pasado 14 de diciembre tras admitir las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Las exhumaciones de Cuelgamuros continúan

La Audiencia Nacional ha acordado levantar la suspensión cautelar de las exhumaciones que se llevan a cabo desde hace meses por parte de Patrimonio Nacional en el Valle de Cuelgamuros -antes conocido como Valle de los Caídos- después de que la Abogacía del Estado presentara alegaciones explicando que la familiar de la persona que solicitó parar los trabajos no fue inhumada en la capilla donde están ahora los forenses. Así lo ha confirmado este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a través de su cuenta de X, antiguo Twitter.

En el mensaje publicado ha celebrado la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 al tiempo que también ha informado de que ahora "se retoma la actividad de los forenses". "La reparación y la restitución de la dignidad son actos de justicia", ha añadido el titular del Gobierno. Una noticia que llega después de que este jueves se conociera que la Abogacía del Estado había solicitado levantar la paralización a cuenta de que los restos de la mujer enterrada no se encuentran en la Capilla del Sepulcro, que es donde se están realizando las exhumaciones, y por tanto "no puede verse afectada".

La nieta de una mujer enterrada en el valle

En el citado auto del 14 de diciembre, el magistrado estimaba la petición de medidas cautelarísimas de la nieta de una mujer enterrada en la basílica y paralizaba los trabajos bajo la premisa de "tomar conocimiento de un modo más profundo de la situación". Sin embargo, y al tratarse de unas medidas cautelarísimas, el juzgado las acordó sin oír a ninguna de las partes. Entonces, fuentes de la Fiscalía afirmaron que no compartían "en absoluto" esa decisión y que la recurrirían en el momento procesal oportuno. Así, ahora han tumbado las medidas gracias a las alegaciones de Patrimonio Nacional.

La decisión de este juzgado de lo Contencioso-Administrativo llega después de que otro magistrado de la Audiencia Nacional estudiara -pese al rechazo de la Fiscalía- una petición similar. Además, recientemente un juzgado ordinario de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para llevar a cabo los trabajos de exhumación. En aquel momento la Fiscalía se opuso a la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en el Valle de los Caídos al considerar que podría suponer un "perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación".

Ahora, la Abogacía subraya que la recurrente carecía de legitimación para recurrir porque "el interés que se invoca es meramente hipotético" y añadía que "los perjuicios que de manera absolutamente genérica invoca la recurrente son inexistentes pues los restos de la abuela de la recurrente están plenamente identificados y localizados y no son objeto de las actuaciones". Respondía así a la decisión de la Audiencia Nacional tras admitir las medidas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta.

Medidas de Abogados Cristianos

Abogados Cristianos consideraba que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia hace ya varios años suponían "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa". La organización de juristas argumentaba que, "el derecho constitucional a la libertad religiosa, ampara el derecho a una digna sepultura". Aseguraba que "la mera necesidad de tener que realizar las pruebas de ADN a los cadáveres -lo que a su juicio implica cierto grado de profanación-, se está incurriendo en una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa".

Denunciaba que "para realizar estas pruebas no han solicitado consentimiento a los familiares". "Esto es otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señalaban, cargando directamente contra el Ejecutivo de coalición. Algo que lleva sucediendo desde que se aprobara la retirada de los restos del dictador Francisco Franco.

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